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DE GENERACION(ES)

ASESINOS DE MUJERES

 

Por Jacobo Vázquez 

Cuando una mujer es asesinada, el primer sospechoso es su pareja: marido, novio, amante. Eso lo saben todos los policías investigadores del mundo, además, se ve confirmado de manera cotidiana por los hechos.

 

Fue el caso del homicida de la dentista Erika, donde muy pronto afloraron datos de que quien le había quitado la vida a ella y a su bebé no había sido ningún asaltante que penetró a su consultorio para robar.

 

Según información que trascendió, a ella sus familiares todavía la encontraron con vida, y pudo arrojar los primeros datos para suponer que se estaba ante un crimen pasional.

 

Julieta Méndez Salas, directora del Centro de Justicia para Mujeres, acaba de remarcar algo que también está corroborado por las estadísticas: son los celos, la inseguridad, el machismo, lo que incita a los hombres a cometer los feminicidios.

 

Estamos entonces no solo ante un grave problema de inseguridad pública, donde las instancias de prevención, procuración e impartición de justicia están fallando de manera escandalosa, sino también ante un grave problema en los entornos familiares.

 

Sin embargo, esa no puede volverse una excusa del gobierno para justificar los homicidios contra mujeres.

 

El hecho de que una mujer sea asesinada en calles inseguras o perezca sacrificada por su pareja, no cambia ni exime la responsabilidad que en el mismo hecho tienen las instituciones públicas.

 

En el primer caso estamos ante una grave deficiencia de los organismos de seguridad, y en el segundo se trata de un problema de hondas raíces sociales en donde las instituciones de gobierno tienen mucho que hacer.

 

Al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, se le ha vuelto una declaración recurrente el afirmar que los crímenes contra mujeres se dan por problemas intrafamiliares.

 

Y con ello, el funcionario lo que está pretendiendo hacer es derivar la responsabilidad a las familias, al entorno social, a la cultura, y así evitar responder qué está haciendo el gobierno para evitar el acoso, el maltrato, la muerte violenta de mujeres.

 

El funcionario no parece comprender que la respuesta policiaca a este delicado problema de criminalidad es o debe ser la última instancia de intervención del gobierno; pues antes está la educación, la prevención, las medidas cautelares y muchas otras estrategias con que se pueden evitar tales feminicidios.

 

En vez de querer sacarle el bulto a la responsabilidad señalando que la mayoría de homicidios contra mujeres se dan de forma intrafamiliar, lo que se necesita es informar qué se está haciendo para prevenir tales asesinatos, se den en la familia, por las parejas o en la calle.

 

Lo cierto es que son decenas de feminicidios los que se siguen cometiendo, sin que el estado acierta a diseñar esquemas que eviten al menos reduzcan este tipo de muertes. La impunidad es la constante en estos episodios, sea que se trate de crímenes intrafamiliares, de la delincuencia organizada, o del machismo feminicida.

 

Un machismo que tiene sus notas más altas y perniciosas con los asesinos de mujeres, pero que solo es la consecuencia de un nefasto caldo de cultivo que se da en las relaciones de hombres y mujeres.

 

De acuerdo a la citada funcionaria Julieta Méndez, este año la dependencia a su cargo lleva atendidas al menos a 3 mil mujeres que han sido agredidas en sus entornos familiares.

 

Un dato estremecedor, y que refleja lo que en realidad está pasando en nuestra sociedad.

 

Cifras escandalosas y preocupantes, que requieren una respuesta seria de la secretaria de gobierno y de los demás organismos vinculantes, y no más pretextos para escamotear su responsabilidad.