Luego de que fueron omisos y dóciles cuando el auto nombrado padrino Ricardo Gallardo impuso a su contentillo fiscales estatales del Estado, el vocero de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante calificó el rezago del 93 por ciento en carpetas de investigación como una incapacidad para cumplir funciones esenciales de la ciudadanía.
Dijo que con esta situación el Estado incumple su obligación de investigar, sancionar y reparar daños, lo que produce frustración y desconfianza en toda la sociedad y provoca también la descomposición del tejido cívico y social.
La queja de los empresarios ocurre cuando también se dio a conocer que por cuarto año consecutivo la Fiscalía General del Estado se niega a facilitar información al INEGI sobre los agentes del ministerio público que operan en San Luis Potosí, por lo que la dependencia se coloca como la autoridad estatal de procuración de justicia más opaca del país.