Los diputados del auto nombrado padrino Ricardo Gallardo han sido omisos en armonizar la Constitución del Estado con la reforma sobre revocación de mandato que en su momento aprobaron los legisladores federales del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El Congreso del Estado tuvo 18 meses para reformar la Constitución local y reconocer derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo, sin embargo, nunca lo hizo. Ante ello el Tribunal Electoral del Estado determinó que la omisión de esta figura vulnera derechos de participación política.
La resolución deriva de un juicio promovido por Cenorina Bernal Fernández, integrante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, quien denunció la falta de armonización de la legislación estatal con la reforma constitucional federal en materia de participación ciudadana aprobada en 2019.