En San Luis Potosí quedó demostrado que el discurso de “gobierno cercano a la gente” de Ricardo Gallardo tiene límites muy claros: la participación ciudadana solo sirve cuando no pone en riesgo el poder.
Durante 18 meses, el Congreso del Estado —dominado políticamente por el gallardismo y sus aliados— ignoró su obligación de armonizar la Constitución local con la reforma federal de revocación de mandato aprobada en 2019. Es decir, mientras a nivel nacional se reconocía el derecho ciudadano a remover a un mal gobernante antes de terminar su encargo, en San Luis Potosí decidieron congelar ese derecho.
No fue un olvido. Fue una decisión política.
Porque cualquier gobierno verdaderamente democrático entiende que la revocación de mandato no es una amenaza, sino un mecanismo de rendición de cuentas. Solo los gobiernos obsesionados con el control le ven como un peligro.
Y ahí está el fondo del asunto: Ricardo Gallardo construyó un aparato político basado en propaganda, clientelismo y control territorial, pero no en instituciones fuertes ni en ciudadanía libre. Por eso convenía mantener bloqueada una herramienta que permitiera a la población evaluar y eventualmente castigar un mal gobierno.
Lo más indignante es que no fueron los partidos de oposición quienes defendieron este derecho. No fueron el PAN, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano. Todos guardaron silencio mientras el Congreso incumplía la Constitución.
Quien tuvo que exhibir la omisión fue Cenorina Bernal Fernández, integrante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Una mujer indígena, con menos recursos y menos reflectores, hizo lo que toda la oposición profesional no quiso hacer: enfrentar legalmente al poder.
Eso deja dos conclusiones devastadoras para la vida pública del estado.
La primera: el gallardismo no cree realmente en la participación ciudadana. Habla de “el pueblo”, pero le teme al pueblo cuando este puede organizarse, exigir cuentas y remover gobernantes.
La segunda: en San Luis Potosí prácticamente no existe oposición real. Existe una clase política acomodada que prefiere administrar su supervivencia antes que confrontar al poder. Critican en entrevistas y en redes sociales, pero cuando llega el hora de defender derechos ciudadanos ante tribunales, desaparecen.
El Tribunal Electoral del Estado ya dejó claro que la omisión legislativa vulneró derechos políticos de la ciudadanía. Es decir: no solo incumplieron una obligación constitucional; también limitaron deliberadamente mecanismos democráticos.
Y mientras eso ocurría, el oficialismo seguía gastando millones en imagen, espectaculares y campañas permanentes de propaganda para vender la idea de un gobierno exitoso.
Porque eso es el gallardismo: mucha publicidad, mucho control político y muy poca convicción democrática.
Un gobernante seguro de su trabajo no le teme a la revocación de mandato.
Solo le teme quien sabe que la gente, si tuviera herramientas reales, podría quitarle el poder.