Cuando Ricardo Gallardo decidió llamarse “padrino” y bautizar como “ahijados” a sus seguidores, en realidad terminó confesando la forma en que entiende el poder: un sistema de obediencia, favores y control político disfrazado de cercanía popular.
Porque un padrino no forma ciudadanos; forma subordinados.
El padrino reparte beneficios, impone decisiones y exige lealtad. Los ahijados agradecen, obedecen y defienden al grupo. Así funciona la lógica del poder personalista que hoy domina San Luis Potosí: menos instituciones, menos ciudadanía y más dependencia política.
Por eso resulta tan hipócrita la discusión actual entre Morena y el Partido Verde sobre la posible candidatura de Ruth González a la gubernatura.
Morena pretende presentarse como defensor de la ética pública hablando de nepotismo, aunque ha tolerado y promovido redes familiares, cacicazgos y grupos de poder en buena parte del país. El Verde, mientras tanto, ni siquiera intenta ocultar su intención de mantener el control político del estado dentro del mismo círculo familiar y económico que hoy gobierna.
Unos fingen indignación. Los otros presumen impunidad.
Y en medio de esa disputa, los ciudadanos siguen excluidos de las decisiones importantes. Los partidos hablan como si San Luis Potosí fuera propiedad privada de sus dirigencias y como si la gubernatura de 2027 ya estuviera repartida entre los mismos grupos de siempre.
Ese es el verdadero problema: la normalización del poder como herencia.
Miles de potosinos observan con frustración cómo la política estatal se degrada entre propaganda, clientelismo, culto a la personalidad y estructuras que premian la lealtad antes que la capacidad.
La discusión no debería limitarse a si una candidatura es legal. También debería preguntarse si es moral, democrática y digna para un estado que merece instituciones fuertes y no dinastías políticas disfrazadas de proyecto popular.
Porque cuando un gobierno necesita “padrinos” y “ahijados”, lo que desaparece no es la oposición: es la ciudadanía.