De acuerdo a la solicitud de la orden de aprehensión contra 14 personas acusadas por delincuencia organizada, cuya reformulación pidió la juez de Control Mariana Vieyra Valdés, la Fiscalía General de la República expone que la célula delictiva que operaba el huachicol fiscal recurre a métodos de extrema violencia para proteger sus intereses, al grado de que las personas que se niegan a colaborar o que intentan denunciar el modus operandi de la empresa criminal son privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento, a efecto de evitar su detección y desarticulación.
Esta información fue publicada por el periódico El Universal, con un encabezado que dice “los sobrinos Farías ejecutaron a tres marinos; también les atribuyen asesinato de un fiscal”.
No obstante que el periódico aporta pruebas documentales de lo publicado, ahora la Fiscalía General de la República salió a declarar que «que el Ministerio Público Federal no cuenta con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas».