En San Luis Potosí se está consolidando un modelo de poder peligroso: el uso de las instituciones públicas para intimidar a quienes critican al gobierno. Ya no se trata solamente de propaganda, control político o campañas de imagen; ahora el mensaje parece ser mucho más directo: quien cuestione al régimen puede enfrentar consecuencias legales.
La llamada “Ley Serrano” nació envuelta en un discurso aparentemente moderno sobre regulación de inteligencia artificial, pero rápidamente mostró su verdadero rostro. Hoy, periodistas, comunicadores y creadores de contenido enfrentan procesos judiciales mientras el gobierno pretende convencer a la opinión pública de que todo es simple coincidencia. Nadie con un mínimo de sentido crítico puede creer semejante argumento.
El diputado Héctor Serrano Cortés ahora intenta lavarse las manos. Dice desconocer las motivaciones jurídicas de la Fiscalía y rechaza que la ley tenga relación con los casos recientes. Resulta curioso: promueven una legislación ambigua y peligrosa, y cuando comienzan las denuncias y persecuciones, nadie quiere asumir responsabilidad.
Más grave todavía es la actuación de la Fiscalía General del Estado encabezada por Manuela García Cázares. Mientras públicamente niega persecución contra periodistas, los hechos cuentan otra historia. Porque cuando el aparato judicial se mueve selectivamente contra voces críticas y no contra los verdaderos problemas que padecen los ciudadanos, la sospecha de uso político de la justicia se vuelve inevitable.
El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha construido una narrativa donde toda crítica es considerada ataque, conspiración o campaña en su contra. El problema es que los gobiernos democráticos no deben responder a la crítica con intimidación institucional. Los gobernantes están obligados a tolerar el escrutinio público, especialmente cuando manejan recursos, poder y decisiones que afectan a millones de personas.
Lo verdaderamente vergonzoso es el silencio de la llamada oposición. Mientras periodistas enfrentan presión política y judicial, muchos dirigentes partidistas permanecen escondidos, cómodamente instalados en la simulación. Han dejado solos a quienes realmente están ejerciendo labores de contrapeso.
Hoy, en San Luis Potosí, son los periodistas quienes están haciendo el trabajo que deberían realizar los partidos opositores: cuestionar al poder, exhibir abusos y denunciar excesos. Y mientras eso ocurre, los dirigentes opositores parecen más preocupados por negociar posiciones futuras que por defender libertades fundamentales.
La historia demuestra que los gobiernos que intentan silenciar periodistas terminan exhibiendo exactamente aquello que buscan ocultar: intolerancia, autoritarismo y miedo a la verdad.
Porque cuando un gobierno necesita intimidar para mantenerse fuerte, en realidad está mostrando debilidad.