La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretende disfrazar de simple “opinión” lo que en realidad constituye una clara práctica de presión política desde el poder presidencial. Cuando la jefa del Estado mexicano utiliza la tribuna oficial más poderosa del país para pedir públicamente que no se vea a TV Azteca, no está actuando como una ciudadana cualquiera expresando preferencias televisivas; está utilizando el peso institucional de la Presidencia para señalar, castigar y desacreditar a un medio crítico. Y eso, aunque intenten maquillarlo con tecnicismos, representa una conducta profundamente autoritaria.
El obradorismo construyó durante años una maquinaria de hostigamiento político contra toda voz incómoda. Primero fueron periodistas exhibidos en conferencias mañaneras, luego medios acusados de “conservadores”, después intelectuales señalados como enemigos del pueblo y ahora televisoras completas colocadas en la mira presidencial por no alinearse con la narrativa oficial. La estrategia siempre es la misma: desacreditar al crítico, destruir su legitimidad pública y convertir cualquier cuestionamiento al gobierno en una supuesta conspiración contra la “transformación”. No responden con transparencia ni con resultados; responden con linchamiento político desde el aparato de propaganda gubernamental.
Más grave aún es el cinismo con el que el régimen pretende redefinir la censura. Para Claudia Sheinbaum Pardo, aparentemente sólo existe censura cuando un medio es clausurado formalmente por el Estado. Pero en las democracias modernas también existe intimidación desde el poder, presión política indirecta y utilización del aparato gubernamental para erosionar la credibilidad de medios incómodos. Cuando una Presidenta señala diariamente desde Palacio Nacional quién “miente”, qué medio “ataca al pueblo” o qué televisora “no debe verse”, está enviando un mensaje político calculado a audiencias, empresarios, anunciantes y estructuras de poder.
El problema de fondo es que el oficialismo jamás toleró el escrutinio público. Andrés Manuel López Obrador dejó sembrada una cultura política basada en la confrontación permanente, donde el gobierno se asume moralmente perfecto y cualquier crítica automáticamente se interpreta como traición. Ahora Claudia Sheinbaum Pardo profundiza esa lógica desde una Presidencia cada vez más intolerante frente a los contrapesos democráticos. El mensaje es contundente: los medios son “libres” siempre y cuando no cuestionen al régimen.
Lo verdaderamente preocupante es la normalización social de este autoritarismo discursivo. Cada vez que desde el poder se impulsa el desprestigio contra medios de comunicación y parte de la sociedad lo celebra como “defensa del pueblo”, México avanza peligrosamente hacia una democracia condicionada, donde el gobierno busca definir qué información es válida y qué voces merecen ser desacreditadas públicamente. Y cuando un régimen comienza a decidir qué periodistas, qué medios y qué contenidos son aceptables para la ciudadanía, el problema ya no es mediático: es profundamente democrático.