Mientras Estados Unidos intensifica investigaciones contra políticos de Morena presuntamente ligados al narcotráfico, el senador Enrique Inzunza Cázarez decidió abandonar temporalmente su escaño en el Senado en medio del escándalo. Lo que el oficialismo intenta presentar como una simple licencia administrativa se interpreta cada vez más como una maniobra para contener el costo político de acusaciones que golpean directamente el discurso anticorrupción del partido en el poder.
Durante años, Morena construyó su narrativa asegurando que acabaría con los pactos entre crimen y política. Sin embargo, los señalamientos internacionales, las ausencias sospechosas y el silencio de muchos de sus dirigentes exhiben una realidad incómoda: el movimiento que prometía limpiar al país hoy enfrenta acusaciones similares a las que durante décadas utilizó para atacar a sus adversarios. La defensa basada únicamente en culpar a la “derecha” o a los medios críticos comienza a perder fuerza frente a la gravedad de los señalamientos.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en exigir pruebas al gobierno estadounidense, pero evita responder por qué tantos nombres cercanos al oficialismo aparecen constantemente bajo sospecha. La crisis ya dejó de ser un asunto judicial para convertirse en un problema de credibilidad nacional e internacional. Morena enfrenta ahora el riesgo de quedar marcado por aquello que juró combatir: la sombra de la narcopolítica incrustada en el poder.