Mientras en el discurso oficial se presume austeridad, cercanía con la gente y combate a los privilegios, en los hechos el grupo político encabezado por Ricardo Gallardo parece haber convertido las instituciones públicas en una agencia de colocación para familiares, allegados y operadores políticos.
Los señalamientos dentro del Congreso del Estado sobre presuntas basificaciones exprés en favor de personas cercanas a la oficial mayor Dolores García Román no son un hecho aislado. Son parte de una práctica que, cada vez con menos pudor, exhibe la verdadera naturaleza del gallardismo: usar el poder público como patrimonio privado.
La indignación entre trabajadores del Poder Legislativo crece porque mientras cientos de empleados enfrentan años de incertidumbre laboral, bajos salarios y contratos temporales, personajes ligados al círculo político del Partido Verde logran plazas, altos ingresos y estabilidad laboral de manera acelerada.
El caso de Alejandra Pérez Pérez, señalada como nuera de Dolores García Román y registrada como Analista Administrativo con percepciones superiores a los 25 mil pesos mensuales, representa mucho más que un simple conflicto ético. Refleja una estructura política donde el parentesco pesa más que el mérito, la experiencia o la capacidad profesional.
A ello se suman los nombres de Irma Aracely Gallardo Báez y Laura Araceli Villalobos Castillo, quienes también aparecen beneficiadas con cargos y percepciones considerables dentro del Congreso. La pregunta inevitable es: ¿cuántos perfiles realmente capacitados quedaron fuera para favorecer a personas cercanas al grupo político dominante?
El problema de fondo no es únicamente administrativo. Es moral y político.
Ricardo Gallardo y el Partido Verde llegaron al poder prometiendo ser distintos a los gobiernos tradicionales. Prometieron cercanía con el pueblo, honestidad y transformación. Sin embargo, con el paso del tiempo, las prácticas denunciadas comienzan a parecerse demasiado a aquello que juraron combatir.
El uso de instituciones públicas para beneficiar a familiares y aliados es una de las formas más descaradas de corrupción política, porque normaliza la idea de que el gobierno pertenece a un grupo y no a la ciudadanía.
Lo más grave es la aparente impunidad. En cualquier democracia funcional, un señalamiento de nepotismo dentro de un poder público obligaría a investigaciones inmediatas, auditorías internas y explicaciones públicas. Aquí ocurre lo contrario: silencio institucional, opacidad y protección política.
El Partido Verde en San Luis Potosí ha construido una maquinaria electoral poderosa, pero también una estructura de control donde los cargos públicos parecen repartirse entre leales, familiares y operadores. El riesgo es enorme: cuando el gobierno deja de servir al ciudadano y comienza a servir al grupo político en turno, las instituciones se degradan y la confianza pública desaparece.
Hoy el gallardismo enfrenta una prueba que no podrá resolver con propaganda, espectaculares ni campañas de imagen. La ciudadanía empieza a observar con mayor claridad el contraste entre el discurso de cercanía social y las prácticas de privilegio interno.
Porque mientras miles de potosinos batallan todos los días por conseguir empleo digno, dentro del aparato público parece existir una vía rápida reservada únicamente para quienes tienen el apellido correcto, la relación adecuada o la cercanía política conveniente.
Y eso no es transformación. Eso es el viejo sistema reciclado de verde.