La desaparición de un menor de edad es una tragedia que marca para siempre a una familia. Pero cuando a ese dolor se suma la negligencia institucional, el agravio se multiplica. El caso de Zoé Zuleica Torres Gómez vuelve a colocar bajo escrutinio el desempeño de la Fiscalía General del Estado, luego de que la familia denunciara que durante cinco años no se renovó una ficha de búsqueda internacional que consideraban activa en Estados Unidos.
Si los hechos denunciados son ciertos, resulta difícil entender cómo una herramienta fundamental para la localización de una persona desaparecida pudo permanecer inactiva durante tanto tiempo sin que existiera una explicación clara para los familiares. Más grave aún es que hayan sido la madre y la representación legal quienes descubrieran la situación, y no la propia autoridad responsable de conducir la investigación. En casos de desaparición, el tiempo es un factor determinante y cualquier omisión administrativa puede traducirse en oportunidades perdidas para encontrar a una víctima.
La Fiscalía suele exigir confianza ciudadana en sus investigaciones, pero esa confianza debe construirse con resultados, transparencia y rendición de cuentas. No basta con abrir carpetas de investigación; es indispensable dar seguimiento permanente a cada línea de búsqueda y mantener informadas a las familias. Cuando una madre pasa años creyendo que una alerta internacional sigue vigente y después descubre que dejó de estar activa, surge una pregunta inevitable: ¿quién supervisa el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de buscar a los desaparecidos?
La presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá servir para esclarecer responsabilidades y determinar si existieron fallas, negligencia o incumplimientos por parte de los servidores públicos involucrados. Lo que está en juego no es únicamente un expediente administrativo, sino la confianza de las familias que dependen de las instituciones para encontrar a sus seres queridos.
A casi once años de la desaparición de Zoé Zuleica, la exigencia sigue siendo la misma: verdad, búsqueda efectiva y justicia. Las familias no necesitan explicaciones tardías ni burocracia defensiva. Necesitan autoridades que actúen con profesionalismo, sensibilidad y sentido de urgencia. Porque en materia de desapariciones, cada omisión cuenta y cada error institucional tiene consecuencias humanas irreparables.