Por años hemos señalado a los gobernantes por sus excesos, sus prioridades equivocadas y su afición por el espectáculo. Sin embargo, existe una pregunta más incómoda que rara vez nos hacemos: ¿qué dice de nosotros como sociedad que esos excesos ya casi no nos indignen?
San Luis Potosí vive una paradoja preocupante. Mientras hospitales públicos enfrentan carencias de personal, equipo médico, medicamentos e infraestructura, la discusión pública parece concentrarse cada vez más en conciertos, festivales, eventos masivos y campañas de entretenimiento. Lo verdaderamente alarmante no es únicamente el gasto gubernamental; es la normalización social de ese gasto.
La discusión sobre el uso de los recursos públicos ha cobrado fuerza a partir de las inversiones destinadas a festivales, celebraciones y espectáculos financiados por el Gobierno del Estado. Tan solo el festival organizado con motivo del Mundial de Futbol representó una inversión cercana a los 67 millones de pesos. A ello se suman los elevados recursos destinados cada año a la contratación de artistas para la Feria Nacional Potosina, cifras que diversos análisis ubican en montos superiores a los 200 millones unde pesos.
La pregunta no es si la población merece espacios de recreación. Por supuesto que los merece. Tampoco se trata de plantear una falsa disyuntiva entre cultura y salud. Un gobierno responsable puede impulsar ambas cosas.
La cuestión es otra.
Cuando en los hospitales faltan médicos especialistas, cuando los familiares deben comprar medicamentos por su cuenta, cuando las salas de urgencias trabajan al límite de su capacidad y cuando miles de ciudadanos esperan durante meses una consulta o una cirugía, resulta inevitable preguntarse si las prioridades del poder coinciden con las necesidades reales de la población.
Y, sin embargo, la indignación colectiva parece haber desaparecido.
Nos hemos acostumbrado a que el espectáculo sustituya al debate público. Aplaudimos la llegada de un artista internacional, celebramos una pantalla gigante o una fiesta multitudinaria, pero pocas veces exigimos con la misma intensidad un hospital equipado, una clínica funcionando al cien por ciento o un sistema de salud digno.
Tal vez el problema no sea únicamente del gobernador.
Tal vez el problema también sea nuestro.
Porque los gobernantes suelen invertir donde obtienen rentabilidad política. Si una fotografía con un cantante genera más conversación que la situación de un hospital, el mensaje que recibe el poder es muy claro. Si miles acuden a un concierto gratuito pero apenas unos cuantos protestan por las deficiencias médicas, la señal es aún más contundente.
La frivolidad gubernamental prospera cuando encuentra una sociedad resignada.
Y esa resignación tiene consecuencias.
Cada peso público representa una decisión. Cada contrato firmado implica una prioridad. Cada evento masivo financiado con recursos públicos compite, de una u otra forma, con otras necesidades colectivas. La discusión democrática consiste precisamente en preguntarnos si esas prioridades son las correctas.
No se trata de prohibir conciertos ni festivales. Se trata de recuperar la capacidad de indignarnos cuando la realidad exige indignación.
Porque una sociedad que deja de cuestionar el uso de los recursos públicos termina aceptando que el entretenimiento sustituya a la solución de los problemas. Y cuando eso ocurre, los ciudadanos dejamos de ser vigilantes del poder para convertirnos simplemente en espectadores.
Quizá la reflexión más dura no sea cuánto gasta el gobierno en espectáculos.
Quizá la reflexión más dura sea cuánto hemos dejado de exigir los ciudadanos.
Porque los hospitales no votan.
Los conciertos sí generan aplausos.
Y mientras los aplausos sigan siendo más rentables que los resultados, la política seguirá pareciéndose más a un espectáculo que a una obligación de gobierno.