A más de un año de que arranque formalmente la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí, los partidos que hoy integran la coalición gobernante —Morena y el Partido Verde Ecologista de México— han comenzado una disputa pública por la candidatura de 2027 con una arrogancia que revela mucho sobre su concepción del poder.
Las recientes declaraciones de Citlalli Hernández Mora, al vetar de facto una eventual postulación de Ruth González Silva, no sólo exhiben tensiones entre aliados; también dejan al descubierto una lógica patrimonialista en la que las candidaturas parecen negociarse entre cúpulas, como si la voluntad ciudadana fuera un asunto secundario.
Por un lado, el grupo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona actúa como si la sucesión estatal fuera una herencia familiar susceptible de transferirse de un escritorio a otro, apostando por la continuidad a través de su círculo más íntimo. Por el otro, Morena responde con el mismo tono de soberbia, asumiendo que tiene autoridad moral y política suficiente para imponer condiciones y decidir quién puede o no competir.
En ambos casos subyace una misma premisa: que el poder les pertenece y que la discusión real ocurre exclusivamente entre dirigentes, operadores y grupos de interés.
Lo verdaderamente preocupante es que, en esta batalla anticipada, los grandes ausentes son los ciudadanos. Ni Morena ni el Verde parecen interesados en escuchar qué piensan los potosinos sobre seguridad, salud, movilidad, empleo o transparencia.
La conversación pública ha sido reducida a un forcejeo por posiciones, cuotas y vetos, ignorando que ninguna fuerza política tiene asegurado el triunfo en 2027. Suponer que la elección ya está resuelta constituye no sólo un error de cálculo, sino una muestra de desprecio por el electorado.
En democracia, los cargos no se heredan ni se reparten por acuerdo de élites: se ganan en las urnas, con legitimidad y respaldo social. Hoy, sin embargo, la clase política parece más ocupada en repartirse el futuro que en rendir cuentas sobre el presente.