Los potosinos no deben perder de vista el fondo de lo que ocurre con la libertad de expresión en San Luis Potosí. Más allá de la llamada “Ley Serrano”, de los discursos victimistas de funcionarios, de los procesos contra periodistas o de los enfrentamientos públicos con medios de comunicación, existe un responsable político evidente del clima de hostilidad hacia la crítica: Ricardo Gallardo Cardona.
Nada de lo que está ocurriendo es casualidad. La confrontación con periodistas y medios críticos no nació de manera espontánea ni puede atribuirse únicamente a subordinados o aliados políticos. Durante años, el propio gobernador ha construido una relación basada en la intolerancia a la crítica, la descalificación de voces incómodas y la concentración de recursos públicos en un aparato de comunicación diseñado para proteger su imagen y la de su grupo político.
Los antecedentes son numerosos. Desde el inicio de su administración, medios críticos denunciaron cancelación de convenios, exclusión institucional y represalias económicas. Paralelamente, se fortaleció una red de medios afines que recibe recursos públicos mientras reproduce la narrativa oficial. La consecuencia ha sido un ecosistema mediático cada vez más polarizado y dependiente del poder.
La virulencia reciente tiene una explicación política. Los medios críticos están afectando la popularidad del gobernador y, por extensión, las aspiraciones de continuidad de su proyecto político rumbo a la elección de 2027. En ese contexto, la crítica periodística dejó de ser una molestia para convertirse en un obstáculo.
La preocupación va más allá de la relación entre el gobierno y los medios. Para numerosos observadores, el problema radica en la creciente percepción de que instituciones que deberían actuar con autonomía terminan alineándose con los intereses políticos del grupo gobernante. Las críticas alcanzan tanto a la Fiscalía General del Estado, cuya conducción ha sido objeto de cuestionamientos desde los cambios realizados al inicio del sexenio, como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, institución que recientemente ha sido señalada por respaldar versiones oficiales en torno al caso del periodista encarcelado y negar la existencia de una huelga de hambre denunciada por personas cercanas al comunicador.
El problema ya no es únicamente una ley, un diputado o un conflicto aislado. Lo que se observa es una acumulación de decisiones, discursos y acciones que apuntan en la misma dirección: desacreditar, presionar y reducir la capacidad de influencia de las voces críticas. Cuando la crítica se convierte en objetivo político, la responsabilidad recae inevitablemente en quien concentra el poder.
La historia demuestra que ningún proyecto político se vuelve más democrático cuando concentra poder, debilita contrapesos y reduce espacios para la disidencia. La utilización política de instituciones que deberían actuar con independencia constituye una de las señales más preocupantes para cualquier sistema democrático, porque erosiona la confianza ciudadana y debilita la capacidad de vigilancia sobre quienes gobiernan.
San Luis Potosí atraviesa un momento delicado para la libertad de expresión. Y si existe un responsable político por el ambiente de confrontación, por el debilitamiento de los contrapesos institucionales y por la creciente percepción de persecución contra las voces críticas, ese responsable tiene nombre y apellido: Ricardo Gallardo Cardona.