La decisión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de contratar en Estados Unidos a los abogados Roger Stone y Diana London trasciende el ámbito jurídico. Se trata de un movimiento político de alto impacto que inevitablemente alimenta interrogantes sobre el contexto que motiva una estrategia legal de esta naturaleza y sobre las consecuencias que podría tener para la imagen institucional de San Luis Potosí.
De acuerdo con la información publicada por Reforma este 30 de junio, la contratación “por seis meses” tendría un costo inicial cercano a los 14 millones de pesos, recursos públicos que ahora también serán objeto de escrutinio ciudadano. La noticia surge en un momento particularmente delicado, cuando autoridades estadounidenses han endurecido su discurso y sus acciones contra organizaciones criminales y han incrementado la presión sobre distintos actores políticos mexicanos.
Aunque la contratación de abogados no constituye, por sí misma, prueba de responsabilidad alguna ni confirma la existencia de una investigación formal contra el mandatario potosino, políticamente el mensaje resulta inevitable. Cuando un gobernador decide recurrir a un despacho con influencia en los círculos políticos de Washington, las preguntas superan a las respuestas.
El principal costo puede no ser jurídico, sino político. Un gobierno obligado a responder de manera permanente a cuestionamientos nacionales e internacionales corre el riesgo de distraer tiempo, recursos y capital político que deberían concentrarse en gobernar. Secretarías, asesores y operadores políticos podrían dedicar buena parte de sus esfuerzos al manejo de crisis, relegando proyectos estratégicos, inversiones y políticas públicas.
La incertidumbre también puede impactar la confianza de empresarios e inversionistas. La percepción de estabilidad institucional es uno de los principales activos para atraer capital, y cualquier sombra sobre la conducción del Ejecutivo estatal puede traducirse en cautela para nuevos proyectos.
Los dirigentes de oposición deberían encontrar argumentos para exigir transparencia sobre el contrato, el origen de los recursos y los objetivos específicos de la representación legal, sin embargo, es prácticamente imposible ver haciendo esa tarea a Sara Rocha, Verónica Rodríguez y Marco Gama. De quienes si esperamos que lo hagan son las organizaciones civiles, quienes podrían demandar que el Gobierno haga públicos los términos completos del acuerdo.
En el plano internacional, la imagen del estado tampoco es un asunto menor. La Feria Nacional Potosina ha buscado posicionarse como un escaparate de talla internacional mediante la contratación de artistas de primer nivel. En ese contexto, si la administración estatal enfrentara un deterioro significativo de su reputación por eventuales procedimientos o investigaciones oficiales, no puede descartarse que algunos artistas, patrocinadores o representantes opten por evaluar los riesgos reputacionales de participar en eventos organizados por el gobierno. Esa posibilidad alcanzaría incluso a figuras como Katy Perry.
En política, la percepción suele convertirse en realidad mucho antes que las resoluciones judiciales. Por ello, más allá de la legalidad de contratar abogados en el extranjero, el verdadero desafío para Ricardo Gallardo será convencer a la ciudadanía de qué hay detrás de esta decisión.
La transparencia será el único camino para disipar las dudas. Mientras ello no ocurra, el costo político de esta decisión probablemente seguirá creciendo y la gobernabilidad del estado permanecerá bajo un escrutinio cada vez más intenso.