La concentración de poder parece no tener límite en San Luis Potosí. Con la mayoría que controla en el Congreso del Estado, el régimen de Ricardo Gallardo ha impulsado leyes que, según el Ayuntamiento de la capital, invaden facultades exclusivas del municipio y vulneran el artículo 115 de la Constitución, el que garantiza la autonomía municipal.
No es un hecho aislado. Primero fue el despojo territorial con la creación del municipio de Villa de Pozos; ahora vienen reformas que buscan arrebatar al Ayuntamiento atribuciones en materia de desarrollo urbano, incluso en la Zona Industrial, y abrir la puerta para que recursos municipales sean administrados desde el gobierno estatal.
La respuesta del alcalde Enrique Galindo ha sido llevar el conflicto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante cinco controversias constitucionales. Será el máximo tribunal el que determine si estas reformas respetan la Constitución o representan un nuevo avance del centralismo estatal.
Lo preocupante es el silencio. El Congreso, llamado a ser contrapeso del Ejecutivo, ha funcionado como su extensión política. La oposición permanece ausente mientras el poder estatal continúa ampliando su influencia sobre un municipio constitucionalmente autónomo.
Más allá de nombres y partidos, el fondo es claro: cuando un gobierno utiliza su mayoría legislativa para debilitar a otro orden de gobierno, deja de fortalecer las instituciones y comienza a concentrar el poder. Ese nunca ha sido un buen camino para la democracia.