Bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias y combatir la desinformación, el Gobierno federal ha puesto sobre la mesa una serie de lineamientos regulatorios que, lejos de consolidar un ejercicio transparente de autorregulación, amenazan con instaurar un peligroso margen de discrecionalidad oficial sobre los contenidos de radio y televisión, abriendo además la puerta a un control gubernamental que podría extenderse peligrosamente hacia la prensa escrita y las plataformas digitales.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló las disposiciones que regirán a los concesionarios de radio y televisión —tanto comerciales como públicos y sociales—, las cuales se someterán a un periodo de consulta pública por internet hasta el próximo 21 de agosto:
- Restricción de contenidos: Prohibición de difundir información falsa, descontextualizada o histórica presentada como si fuera actual.
- Delimitación editorial: Obligación de garantizar una distinción clara y explícita entre noticia, opinión y publicidad.
- Códigos internos y defensorías: Exigencia de contar con un Código de Ética propio y la designación formal de «defensoras y defensores de las audiencias».
- Derecho de réplica y sanciones: Establecimiento de procedimientos para atender quejas por contenidos considerados inexactos o falsos, bajo la advertencia de multas y castigos por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en caso de no restituir los derechos de los usuarios.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida al señalar que el objetivo es fomentar la autorregulación y proteger el derecho a la información de la ciudadanía, negando que se trate de un ejercicio de censura. Asimismo, el Gobierno federal abrió la puerta a analizar posteriormente si este esquema de regulación debe extenderse hacia la prensa escrita y las plataformas digitales (redes sociales).
Alerta la CIRT y el PAN por discrecionalidad
La respuesta del sector radiodifusor no se hizo esperar. A través de un comunicado, la CIRT advirtió que el proyecto contiene marcados tintes de ambigüedad que otorgan un margen excesivo de discrecionalidad al Gobierno.
«El proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando con ello la pretendida autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda como subordinado a la autoridad», alertó el organismo de la industria.
En la misma línea, voces de la oposición política manifestaron su rechazo absoluto. El senador panista Marko Cortés calificó la medida como un manual de autoritarismo característico de las dictaduras:
“Empiezan por supuestas causas buenas a debilitar cualquier tipo de contrapeso, a tener mucho control, demasiado poder, sin equilibrio, y entonces es cuando se vienen todos los excesos”, sentenció.
Preocupación en organizaciones civiles
Especialistas en libertad de expresión y directivos de organizaciones como Artículo 19 señalaron que regular los contenidos de los medios masivos —y perfilar una posible expansión hacia las redes sociales— requiere de suma complejidad técnica e internacional, por lo que advirtieron que legislar «sobre las rodillas» pone en entraydicho las garantías constitucionales del periodismo en México.
El proceso de consulta pública federal continuará abierto las próximas tres semanas para recibir las observaciones de académicos, concesionarios, gremios periodísticos y ciudadanía en general antes de definir el texto final de la normativa.