La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí evidencia un preocupante rezago tecnológico durante el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, al carecer de herramientas fundamentales para la investigación y persecución del delito. De acuerdo con un estudio, la institución reconoció que no utiliza sistemas de análisis de grandes volúmenes de datos, identificación facial, extracción de información de teléfonos celulares ni plataformas para el rastreo de direcciones IP, tecnologías que hoy forman parte de las capacidades básicas de procuración de justicia en distintas entidades del país.
La ausencia de estos sistemas refleja una limitada apuesta por la modernización institucional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de investigación. En contraste con la incorporación de herramientas que podrían hacer más eficientes, objetivas y científicas las indagatorias, la Fiscalía mantiene importantes carencias tecnológicas, incluso en áreas donde anteriormente existían equipos especializados. A ello se suma la negativa de proporcionar información sobre el monitoreo de cámaras corporales de sus agentes, un mecanismo considerado indispensable para prevenir abusos y fortalecer la rendición de cuentas.
La combinación de rezago tecnológico y opacidad alimenta cuestionamientos sobre las prioridades de la institución durante el actual sexenio estatal. Mientras otras fiscalías avanzan hacia modelos de investigación sustentados en inteligencia y evidencia digital, en San Luis Potosí persisten vacíos en capacidades estratégicas y reservas de información que dificultan la evaluación pública de su desempeño. Estos elementos han dado pie a críticas de que el fortalecimiento institucional ha quedado relegado frente a una conducción de la procuración de justicia percibida por diversos sectores como más orientada al control político que a la innovación y la eficiencia.