En política, la forma es fondo. Y cuando una reforma constitucional se procesa con tanta velocidad, modifica los requisitos para ocupar la Fiscalía General del Estado y, de paso, amplía considerablemente el universo de aspirantes, resulta inevitable preguntarse: ¿para quién se está abriendo la puerta?
El Congreso del Estado aprobó, con 17 votos a favor y seis en contra, una reforma que elimina el requisito de ser originario de San Luis Potosí, reduce de cinco a dos años la residencia necesaria y establece en cinco años la experiencia profesional mínima. Además, amplía las áreas mediante las cuales podrá acreditarse esa experiencia: litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público y asesoría legal.
Los seis votos en contra fueron de Morena, cuyos diputados cuestionaron precisamente la premura con la que se procesó una modificación constitucional de semejante calado.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿por qué ahora?
En política, pocas veces las modificaciones a las reglas del juego son inocentes. Mucho menos cuando se trata de la institución encargada de investigar delitos, ejercer la acción penal y perseguir a quienes eventualmente puedan enfrentar responsabilidades.
El gobernador Ricardo Gallardo ha construido durante su administración una relación de enorme influencia sobre buena parte de las instituciones políticas del estado. Por eso, la reforma abre inevitablemente una discusión sobre el perfil del próximo fiscal y, sobre todo, sobre el grado de independencia que tendrá frente al poder político.
Porque si algo parece estar buscando el régimen es margen de maniobra.
El llamado “séptimo año” —esa etapa que comienza cuando un gobernador deja el cargo pero pueden aparecer expedientes, investigaciones y cuentas pendientes— es un escenario que ningún mandatario quiere enfrentar sin tener aliados en las instituciones clave.
Y la Fiscalía es, quizá, la pieza más delicada de ese tablero.
La pregunta ya no es solamente quién puede cumplir los nuevos requisitos.
La verdadera pregunta es: ¿quién le resulta políticamente confiable al gobernador?
¿Se busca un fiscal con experiencia jurídica, autonomía y capacidad técnica? ¿O se pretende colocar a alguien dispuesto a convertirse en escudo político cuando el poder cambie de manos?
Ahí es donde comienzan las especulaciones.
Si el perfil requerido fuera únicamente el de un abogado con experiencia, habría decenas de nombres posibles. Pero si además de conocimiento jurídico se requiere lealtad política, capacidad para resistir presiones, disposición para enfrentar investigaciones incómodas y una relación de absoluta confianza con quien hoy ocupa el poder, entonces la lista se reduce considerablemente.
Y en ese escenario aparece un nombre que inevitablemente genera ruido: Héctor Serrano.
No porque exista una designación anunciada ni porque pueda afirmarse que será el próximo fiscal. Eso sería adelantarse a los hechos. Pero sí porque representa un tipo de perfil político que encajaría con la lógica de una institución que el poder quisiera mantener bajo control.
Serrano es un personaje con experiencia política, capacidad de operación y conocimiento de los entretelones del poder. Precisamente por eso, si su nombre comenzara a circular con fuerza, no sería descabellado preguntarse qué tipo de Fiscalía se pretende construir para los próximos años.
Una Fiscalía independiente necesita un fiscal que no le deba el cargo al gobernador.
Una Fiscalía subordinada necesita exactamente lo contrario.
Y esa es la discusión que debería estar ocurriendo en el Congreso.
No se trata solamente de saber quién sustituirá a Manuela García Cázares. Se trata de saber si quien llegue tendrá como prioridad la procuración de justicia o la protección del grupo político que lo llevó al cargo.
Porque una cosa es modificar requisitos para abrir la competencia y otra muy distinta utilizar una reforma constitucional como traje a la medida para un personaje determinado.
¿SE LE ACABÓ EL VEINTE A MANUELITA Y YA LE ESTÁN PREPARANDO EL TERRENO AL NUEVO FISCAL DEL GALLARDISMO?.