Durante los gobiernos del PRI, del PAN e, incluso, del PRD, había duda sobre si los funcionarios eran gente capaz. Incluso en algunos casos, existía la percepción de eran personas preparadas y con experiencia.
Con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, esa percepción comenzó a cambiar. Los resultados, los tropiezos, las ocurrencias y los fracasos acumulados en prácticamente todos los ámbitos de gobierno han terminado por erosionar la credibilidad de quienes ocupan los cargos públicos. Y el problema ya no es solamente la decisión de un secretario, un director o un funcionario determinado: se ha instalado una percepción mucho más profunda, peligrosa para cualquier administración pública, de que la incompetencia se convirtió en una característica generalizada del gobierno.
La situación ha llegado a un punto en el que muchos mexicanos ya no se preguntan si determinado funcionario es capaz. La pregunta parece haberse invertido: ¿habrá alguno que realmente sepa lo que está haciendo? Esa es quizá una de las mayores derrotas políticas de la 4T y de sus aliados del Partido Verde: haber generado, a fuerza de resultados deficientes, improvisaciones y decisiones cuestionables, la impresión de que el servicio público dejó de ser un espacio para los mejores y se convirtió en territorio para los incondicionales.
Y aquí está lo verdaderamente grave. Cuando un gobierno pierde la confianza en sus funcionarios, puede sustituirlos. Cuando pierde la confianza de los ciudadanos, el problema es mucho mayor. Porque ya no se juzga únicamente al individuo que se equivoca; se descalifica a todo el aparato público.
Así, después de años de escuchar que el problema era la corrupción del pasado, que antes todo estaba mal y que la transformación traería una nueva clase de servidores públicos, comienza a instalarse una conclusión mucho más dura: que el cambio no necesariamente produjo mejores funcionarios, sino una nueva generación de funcionarios cuya capacidad está permanentemente bajo sospecha.
No se trata de afirmar que todos sean incompetentes. Seguramente hay servidores públicos preparados, honestos y capaces. El problema es que los resultados de los gobiernos de la 4T y sus aliados han sido tan cuestionados en numerosos ámbitos que incluso aquellos que sí tienen capacidad terminan pagando el costo de la percepción colectiva.
Antes existía la duda. Hoy, para una parte importante de la sociedad, existe la certeza.
Y cuando un gobierno consigue que sus ciudadanos lleguen a pensar que quienes toman las decisiones son unos idiotas en su totalidad, quizá el mayor fracaso ya no está en una obra inconclusa, un programa mal diseñado o una política equivocada. El verdadero fracaso está en haber destruido la confianza en la capacidad misma del Estado para gobernar.
Ese es el punto al que hemos llegado.