La trayectoria de Mónica Soto al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quedó marcada por decisiones y episodios que generaron fuertes cuestionamientos políticos e institucionales. Entre ellos destacan el aval a la sobrerrepresentación legislativa de Morena y sus aliados, las controversias relacionadas con los llamados acordeones en la elección judicial, su cuestionada llegada a la presidencia del Tribunal y el enfrentamiento institucional con el juez Rodrigo de la Peza. A ello se suma el polémico caso de Karla Estrella, en el que Soto utilizó su voto de calidad para confirmar una sanción por violencia política de género.
Más allá de que algunas de estas decisiones puedan haber sido jurídicamente defendidas por sus protagonistas, el saldo político e institucional merece ser revisado. Quienes ocupan una posición de esa responsabilidad no solamente deben responder ante la ley, sino también ante la sociedad y ante la historia. La independencia de un tribunal electoral no se demuestra con discursos, sino con decisiones capaces de resistir cualquier presión política y con la certeza de que la justicia electoral no puede convertirse en instrumento de ningún grupo.
Mónica Soto podrá dejar el cargo, pero las decisiones tomadas durante su paso por el Tribunal permanecerán en la memoria pública. La historia juzgará a quienes, teniendo en sus manos una enorme responsabilidad institucional, no estuvieron a la altura de ella. En una democracia nadie debería estar por encima de la rendición de cuentas: quienes toman decisiones que afectan el rumbo del país deben responder por ellas. Nadie se puede ir impune.