La Operación Enjambre, coordinada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha dejado hasta el 8 de septiembre de 2026 un saldo de 111 personas detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado y 14 presidentes y expresidentes municipales vinculados a proceso o encarcelados. Entre los funcionarios señalados hay representantes de prácticamente todo el espectro político: seis relacionados con la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro con Morena-PT-PVEM, tres con Movimiento Ciudadano y uno perteneciente a un partido local.
El despliegue federal se ha presentado como una de las acciones más contundentes contra la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales. Sin embargo, la estrategia también deja una interrogante política: si el objetivo es realmente combatir la corrupción y los nexos entre delincuencia y poder, ¿por qué la escoba parece avanzar de abajo hacia arriba y no también de arriba hacia abajo? El procesamiento de alcaldes puede ser necesario, pero difícilmente puede considerarse una limpieza completa mientras los niveles superiores del poder político permanezcan fuera del alcance de las investigaciones.
Y es precisamente ahí donde surge la mayor contradicción. Mientras Enjambre alcanza a presidentes municipales de distintos partidos, siguen faltando los grandes políticos de Morena que han sido señalados públicamente desde Estados Unidos por presuntos vínculos o investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Si la operación pretende demostrar que nadie está por encima de la ley, el verdadero reto será saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno federal. Porque barrer únicamente de abajo hacia arriba puede limpiar algunas alcaldías, pero no necesariamente toca las estructuras políticas que, desde las alturas, permiten que la corrupción y el crimen encuentren protección.