Parece que en San Luis Potosí ya nadie quiere darse cuenta de la gravedad de lo que ocurre. El gobierno de Ricardo Gallardo puede mantener atorados 14 proyectos de obra de la capital a través de una dependencia estatal y, mientras tanto, el silencio vuelve a ser la respuesta de buena parte de la clase política, empresarial y social del estado.
El asunto no es menor. El Ayuntamiento capitalino tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la controversia constitucional 396/2026, registrada contra el Poder Ejecutivo estatal. La existencia misma de este litigio exhibe que el conflicto entre ambos gobiernos llegó al máximo tribunal del país. ¿Y qué ocurre mientras tanto? Los proyectos permanecen atrapados en la burocracia estatal y la discusión pública prácticamente no existe. Ahí está el verdadero problema: cuando el poder puede obstaculizar a otro gobierno y no encuentra una oposición política, empresarial o ciudadana capaz de exigir cuentas, la impunidad deja de ser una percepción y se convierte en una forma de ejercer el poder.
Esta mañana escuchaba al dirigente nacional de Coparmex hablar sobre la participación ciudadana y la vigilancia electoral rumbo a 2027. Y sí, qué bueno que los empresarios decidan involucrarse. Pero la propia Coparmex reconoce que la observación electoral debe ir acompañada de vigilancia, documentación y exigencia de rendición de cuentas durante todo el proceso. El problema es que la democracia no comienza el día de la elección. También se defiende cuando una autoridad abusa de sus facultades, cuando una dependencia pública retrasa decisiones que afectan a otro gobierno y cuando existen actos políticos que deben ser revisados por las instituciones correspondientes.
Porque mientras unos anuncian que van a observar las elecciones de 2027, los partidos ya están construyendo posicionamientos, estructuras y presencia pública. Y mientras algunos empresarios apenas preparan sus mecanismos de vigilancia, los ciudadanos seguimos preguntándonos quién vigila al poder cuando todavía no hay urnas de por medio.
Lo más preocupante no es solamente lo que hace Gallardo. Lo verdaderamente preocupante es lo poco que parece importar. La oposición guarda silencio, muchas organizaciones empresariales prefieren la prudencia y buena parte de la ciudadanía observa desde la distancia.
Así es como se construye la impunidad: no necesariamente porque nadie vea lo que ocurre, sino porque quienes lo ven deciden no enfrentarlo.
Y entonces solamente queda la denuncia pública. Hablarlo entre amigos, con la familia, en los medios y en las redes sociales. Exigir que quienes todavía se asumen como oposición recuperen la voz y que las organizaciones empresariales entiendan que defender el Estado de Derecho también significa incomodar al poder.
Porque si nadie está dispuesto a señalar los atropellos cuando ocurren, después será demasiado tarde para preguntarnos cómo fue que llegamos hasta aquí.