El abuso del auto nombrado padrino Ricardo Gallardo en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí hace tiempo dejó de ser un simple diferendo administrativo. Lo que se observa es un choque político donde la capital quedó atrapada en medio de intereses y decisiones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El asunto de las obras municipales vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Gobierno del Estado para seguir afectando proyectos destinados a los habitantes de la capital?
De acuerdo con lo señalado en torno a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Contraloría General del Estado tendría que liberar procedimientos relacionados con proyectos de obra municipal. Si esto se mantiene en los términos planteados, resulta difícil entender por qué una disputa política tendría que convertirse en un obstáculo para que una ciudad pueda realizar obras que necesita.
Porque una cosa es la competencia política y otra muy distinta utilizar las estructuras institucionales como campo de batalla.
Gallardo ha construido una forma de ejercer el poder basada en la confrontación, en el control político y en una permanente disputa por espacios de decisión. El problema es que cuando esa lógica se traslada a la relación con el Ayuntamiento capitalino, quien termina en medio no es Enrique Galindo: son los ciudadanos.
Galindo la tiene muy difícil. Basta mirar lo ocurrido en el terreno político estatal para entender la dimensión del poder que ha construido Gallardo.
El gobernador logró mantener en la contienda a su esposa, Ruth González Silva, pese a las presiones políticas para que el Partido Verde modificara su estrategia rumbo a la gubernatura. El resultado fue la ruptura entre Morena y el Verde en San Luis Potosí y una competencia separada rumbo a 2027.
Desde esta perspectiva, Gallardo y su grupo político salieron fortalecidos de esa negociación. Morena terminó designando a Elí César Cervantes Rojas como su coordinador estatal rumbo a la gubernatura, un perfil de muy bajo perfil.
Ese episodio sirve para dimensionar el problema que enfrenta Enrique Galindo. Si ni la dirigencia nacional de Morena ni el Gobierno federal consiguieron modificar la estrategia del gallardismo en San Luis Potosí, el alcalde capitalino enfrenta una relación de fuerzas particularmente complicada.
Gallardo no cederá terreno por buena voluntad. Galindo tendrá que entender que, frente a esa lógica de poder, las formas diplomáticas resultan insuficientes: necesitará estrategia, capacidad de presión política, respaldo ciudadano y una defensa pública, documentada y permanente, de los intereses de la capital.