Por puro morbo científico, sería fascinante conocer cuáles fueron los argumentos, justificaciones, advertencias o presiones que puso sobre la mesa el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación para convencer a las plataformas digitales de aceptar un decreto que establece qué contenidos deben retirar de sus espacios.
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que las plataformas estuvieron totalmente de acuerdo, que incluso propusieron algunos temas y que el decreto se publicará con el consenso de las empresas. ¡Qué maravilla de negociación! El gobierno pide, las plataformas aceptan y todos parecen felices. Pero la pregunta incómoda sigue sin respuesta: ¿cuáles fueron exactamente los términos de ese acuerdo? ¿Qué observaciones hicieron las empresas? ¿Qué aspectos se discutieron y cuáles quedaron fuera? ¿Hubo objeciones jurídicas, advertencias sobre la libertad de expresión o exigencias para garantizar que las decisiones de retirar contenidos no dependan de criterios políticos? Decir que todos estuvieron de acuerdo no sustituye la obligación de explicar públicamente cómo se llegó a ese consenso.
Cuando un gobierno anuncia que una agencia de transformación digital y el Centro Nacional de Inteligencia participarán en la supervisión de estas disposiciones, el asunto deja de ser exclusivamente una política de protección infantil y se convierte también en una cuestión de libertades públicas. El discurso de odio, el extremismo violento y la violencia sexual no son conceptos equivalentes a la crítica política, la denuncia periodística o la sátira contra los gobernantes. Si las reglas son ambiguas, si no existen procedimientos transparentes y si los afectados carecen de mecanismos efectivos para impugnar una eliminación injustificada, el riesgo de que se silencien voces incómodas no puede descartarse. En un país donde el poder suele sentirse ofendido por la crítica, exigir garantías no es defender abusos digitales: es defender derechos.
Por supuesto, los ejecutivos de las plataformas pueden estar encantados con un acuerdo que les permita presumir responsabilidad social y evitar enfrentamientos con el gobierno. Pero su consentimiento no demuestra, por sí mismo, que el decreto sea democrático, necesario o respetuoso de la libertad de expresión. Las empresas también tienen intereses económicos y políticos, y no siempre coinciden con los de los ciudadanos. Por eso, más que celebrar que las plataformas dijeron sí a todo, la presidenta debería explicar qué controles habrá sobre la autoridad, qué criterios se utilizarán para ordenar o supervisar la eliminación de publicaciones y cómo se impedirá que la protección de los menores se convierta en una coartada para restringir la crítica. Cuando el poder decide las reglas del discurso y además participa en vigilar su cumplimiento, la pregunta no es si las empresas están de acuerdo: la pregunta es quién protege a la sociedad de los abusos del propio poder.