Funcionarios electorales locales y federales creen que basta con citar artículos de la ley, integrar un expediente y redactar una sentencia para justificar cualquier decisión, incluso cuando sus consecuencias resultan cuestionables desde la lógica democrática, la equidad y el sentido común.
El problema se agrava cuando sus resoluciones alimentan percepción de que Morena y aliados son favorecidos siempre. En una democracia, la legalidad formal no debería convertirse en pretexto para ignorar las dudas legítimas sobre imparcialidad.
La credibilidad institucional no se pierde de golpe: se erosiona resolución tras resolución, cuando las decisiones controvertidas se acumulan y las explicaciones oficiales no consiguen disipar las sospechas.
Los tribunales no pueden pretender que sus fallos sean incuestionables por el simple hecho de provenir de una autoridad judicial. Su obligación es demostrar, mediante argumentos sólidos, congruencia y transparencia, que resuelven conforme a derecho y sin subordinación a intereses partidistas.
El daño trasciende a los partidos afectados. Cuando la ciudadanía deja de confiar en la independencia de los tribunales electorales, se debilita la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar los derechos políticos y resolver las controversias por la vía legal.
La oposición puede llegar a considerar inútiles los recursos jurídicos y los ciudadanos pueden desconfiar de las reglas de la competencia. En ese escenario, incluso las resoluciones técnicamente correctas corren el riesgo de ser recibidas con sospecha.
Los magistrados y funcionarios electorales saben que la independencia no significa inmunidad frente al escrutinio público.
Podrán conservar sus cargos, presupuestos y atribuciones, pero nada de eso garantiza su autoridad moral. La historia institucional no juzgará únicamente la legalidad de sus resoluciones, sino también la confianza que inspiraron o contribuyeron a destruir.
El problema es tal, que, cuando escuchas hablar a funcionarios de tribunales electorales, inmediatamente te das cuenta de su cercanía al poder, su poca preparación jurídica y hasta su inmadurez política. Cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente el proceso electoral 2026-2027 en San Luis Potosí, en ceremonia oficial, escuché decir a Patricia Santos Quevedo, encargada de Despacho de la Vocalía, al referirse a Ricardo Gallardo, “nuestro gobernador”. Poco faltó para que lo citara como lo hace en público Guadalupe Torres: “nuestro querido gobernador”.