La respuesta de Enrique Galindo Ceballos a la ofensiva mediática relacionada con el dirigente estatal del PAN Enrique Dahud y los señalamientos sobre cobros en el Ayuntamiento de San Luis Potosí abre una lectura política que va más allá de la controversia inmediata: el alcalde parece dispuesto a responder con información y argumentos en un escenario de confrontación cada vez más intenso, mientras que el equipo político de Ricardo Gallardo Cardona podría haber subestimado la capacidad de reacción de su adversario.
En política, las ofensivas no se improvisan y las respuestas tampoco son producto de la casualidad. La rapidez con la que Galindo salió al paso de los cuestionamientos deja abierta una interrogante incómoda para el grupo gobernante: ¿midieron realmente las consecuencias de abrir este frente o confiaron demasiado en que sus señalamientos tendrían un efecto unilateral? Si la estrategia consistía en colocar al alcalde a la defensiva, la reacción obliga a revisar el cálculo. Una cosa es lanzar acusaciones y otra muy distinta estar preparado para sostener una confrontación en la que también pueden salir a la luz episodios, decisiones y contradicciones del propio régimen.
Si el equipo de Gallardo calculó que tenía el terreno despejado, podría descubrir que la disputa es más compleja de lo que anticipaba. En política, confiarse puede salir caro; y cuando los enfrentamientos se convierten en una competencia por exhibir información, nadie debería asumir que sus propios flancos permanecerán ocultos.
El ganador de este round político es Enrique Galindo Ceballos. Aunque resulte cuestionable en términos políticos que el dirigente estatal del PAN, Enrique Dahud Uresti, cobre honorarios por servicios prestados al Ayuntamiento, eso no constituye por sí mismo un delito. En cambio, en el caso del diputado del Partido Verde Luis Fernando Gámez Macías, evidenciado de cobrar en la Secretaría General de Gobierno, si incurre en violaciones a diversos ordenamientos, y se ve muy feo.