El llamado del alcalde Enrique Galindo Ceballos a Ricardo Gallardo Cardona para que no mezcle el ejercicio del gobierno con la contienda electoral de 2027 pone sobre la mesa uno de los mayores riesgos para la democracia potosina: que el gobernador utilice la estructura del Estado, los recursos públicos y la influencia de su cargo para favorecer a su partido y condicionar la sucesión gubernamental. Galindo tiene razón al cuestionar quién conducirá el gobierno durante el último año de la administración, pero el problema va más allá de una licencia o de un relevo institucional. Frente a los antecedentes públicos y documentados sobre la operación política del gallardismo, la advertencia debe ser más contundente: el poder público no puede convertirse en patrimonio de un grupo político ni en plataforma para perpetuarse en el gobierno.
Resulta ingenuo pensar que Gallardo y su Partido Verde renunciarán a las ventajas que representa tener el control del aparato gubernamental en la antesala de las elecciones. La preocupación no es solamente cuándo solicitará licencia el mandatario, sino cómo utilizará el tiempo que le queda en el cargo para fortalecer a su partido, promover a sus aliados y construir las condiciones políticas que le permitan conservar el control del estado. Los programas, obras, publicidad oficial y actos de gobierno pueden convertirse en instrumentos de posicionamiento electoral si no existe vigilancia efectiva y autoridades dispuestas a intervenir.
El verdadero desafío será impedir que presupuesto estatal termine convertido en combustible para campaña del Partido Verde. Aquí la oposición tiene una responsabilidad ineludible: documentar cada irregularidad, presentar las denuncias penales y electorales correspondientes y exigir que las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias. No bastan los discursos, declaraciones ante los medios ni advertencias públicas. Se necesitan expedientes sólidos, pruebas verificables y estrategia jurídica permanente que obligue a instituciones a pronunciarse. Si existen elementos para acreditar uso electoral de recursos públicos, deben denunciarse y sancionarse conforme a la ley, sin importar quién esté involucrado.
Sin embargo, aun con denuncias y evidencias, es difícil confiar en que Gallardo vaya a detener sus aspiraciones por voluntad propia. Su objetivo político es conservar influencia sobre sucesión estatal, impulsar alguien de su confianza para mantener control del gobierno y buscar diputación que le permita seguir activo en política, con beneficios y protección que representa ese espacio. Por eso, la advertencia de Galindo debe convertirse en una exigencia de toda la oposición y de la sociedad potosina: que el gobierno no se transforme en una maquinaria electoral, que la sucesión no se decida desde el presupuesto público y que nadie esté por encima de la ley. La elección de 2027 no puede convertirse en la operación política de un gobernador empeñado en decidir quién lo sustituye y cómo conservar el poder después de dejar el cargo.