La administración de Ricardo Gallardo Cardona tiene un sello que cada vez resulta más difícil ocultar detrás de la propaganda: improvisación, despilfarro, opacidad, omisiones y una preocupante falta de visión sobre lo que San Luis Potosí necesita para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Un gobierno puede llenar las calles de anuncios, pintar edificios, presumir obras y organizar eventos para alimentar su imagen, pero nada de eso sirve si es incapaz de garantizar servicios públicos eficientes y espacios seguros. En pocas palabras, es un gobierno chafa, más preocupado por aparentar que por resolver. Lo verdaderamente grave es que las consecuencias de esa manera de gobernar no se quedan en el ridículo político: pueden alcanzar a las familias potosinas de la peor manera.
La muerte de un niño de apenas cuatro años, después de que una portería de futbol le cayera encima en las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), obliga a exigir explicaciones. De acuerdo con los testimonios difundidos, ante la presunta falta de una ambulancia, el menor fue trasladado a una clínica del IMSS, donde falleció. Las circunstancias de la atención médica y la respuesta de emergencia deben esclarecerse mediante una investigación seria. Hay preguntas ineludibles: ¿en qué condiciones se encontraban las instalaciones?, ¿quién debía verificar la seguridad de las porterías?, ¿existían protocolos de emergencia?, ¿había personal capacitado y servicios de atención inmediata? Una tragedia de esta naturaleza no puede despacharse con un comunicado burocrático ni sepultarse bajo el silencio oficial.
Mientras se intenta esclarecer lo ocurrido, las condiciones del gimnasio de basquetbol del mismo instituto abren otro frente de cuestionamientos. A pocos días de haberse presumido su rehabilitación, las lluvias dejaron al descubierto filtraciones, goteras y charcos dentro de la cancha, además de bancas deterioradas y trabajos cuya calidad ha sido puesta en duda por los usuarios. La comunidad deportiva ha señalado que la apariencia renovada del recinto contrasta con problemas que comprometen su funcionalidad y seguridad. Si se destinaron recursos públicos a estas obras, la sociedad tiene derecho a conocer cuánto costaron, qué empresa las ejecutó, qué supervisión recibieron y si cumplen con las condiciones contratadas. Pintar paredes y colocar elementos de imagen institucional no equivale a rehabilitar adecuadamente un espacio público.
El problema de fondo es que una parte de la sociedad parece haberse acostumbrado a los escándalos, a los gastos cuestionables, a las carencias en los servicios de salud y a la propaganda gubernamental que intenta convertir cualquier acción ordinaria en una hazaña. Se critica a Gallardo en las redes sociales, se comparten memes y se multiplican las burlas, pero la indignación digital no sustituye la exigencia ciudadana. La rendición de cuentas no es un favor que concede el gobernante: es una obligación. Cuando se trata de instalaciones destinadas a niñas, niños y jóvenes, la seguridad no puede quedar subordinada a la fotografía, al espectáculo político ni a la inauguración apresurada. Cada peso del erario debe traducirse en servicios, infraestructura funcional y protección para las personas, no solamente en anuncios de supuestos logros.
La muerte del pequeño en el Inpojuve exige una investigación transparente, la revisión de las condiciones de seguridad del recinto y la determinación de las responsabilidades que correspondan. También exige que las autoridades informen qué medidas tomarán para evitar que una tragedia semejante vuelva a ocurrir. No se trata de utilizar el dolor de una familia para hacer política, sino de impedir que ese dolor termine convertido en otro expediente olvidado. A Ricardo Gallardo y a los funcionarios responsables hay que exigirles respuestas, documentos, explicaciones y consecuencias si se acreditan negligencias. Las omisiones de un gobierno deben tener consecuencias.