Mientras México y Estados Unidos enfrentan el cáncer del narcotráfico, el gobierno de Claudia Sheinbaum está más ocupado en la reyerta electorera que en reconocer el desmantelamiento de un gigantesco laboratorio de metanfetaminas. La presunta falta, sobre participación de agentes extranjeros en México, se convirtió en el centro de la controversia, desplazando lo verdaderamente importante: el golpe a la producción de drogas. Si hubo fallas en los protocolos, que se investiguen; pero resulta cuestionable que la discusión termine concentrada en las responsabilidades administrativas y no en la dimensión de la operación contra el crimen organizado.
¿Desde cuándo importa más la disputa entre autoridades que el desmantelamiento de una instalación criminal de semejante magnitud? La legalidad y la coordinación institucional deben exigirse, pero no pueden convertirse en instrumentos de confrontación política. Dos agentes estadounidenses murieron en un accidente en el contexto de estos acontecimientos. Detrás de ellos hay familias que enfrentan una pérdida irreparable. ¿Qué pensarán al observar que, en lugar de prevalecer la cooperación contra el enemigo común, las autoridades mexicanas se enredan en reproches, investigaciones y disputas electorales de poder?
A este embrollo se suma ahora una presunta traición política de la gobernadora Maru Campos contra el exfiscal de Chihuahua, Cesar Jáuregui Moreno, en medio de versiones sobre una disputa por la candidatura a la presidencia municipal de Chihuahua. Estaríamos ante otro episodio en el que los intereses electorales amenazan con imponerse sobre la responsabilidad institucional. La lucha por las candidaturas rumbo a 2027 parece contaminar incluso asuntos tan delicados como la seguridad y el combate al narcotráfico.
La ambición política de los actores involucrados, incluidas Maru Campos y Claudia Sheinbaum, debe examinarse a la luz de sus decisiones y de los hechos, no de sus discursos. Cuando las diferencias partidistas, las aspiraciones electorales y las disputas por el control político se cruzan con investigaciones de seguridad, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones. ¿Quién está defendiendo el interés público y quién está utilizando las instituciones para resolver sus propios conflictos? Esa es la pregunta que deben responder las protagonistas de esta disputa.
México no necesita que el gobierno federal y el estatal conviertan una operación contra el narcotráfico en una guerra de reproches, ni que las acusaciones de traición y las ambiciones por una candidatura desplacen el interés por la seguridad pública. El país merece saber por qué un golpe contra la producción de drogas terminó envuelto en una tormenta política. El narcotráfico no se combate castigando resultados ni utilizando las instituciones como piezas de una disputa electoral. Se combate con coordinación, legalidad y voluntad real de enfrentar al crimen, por encima de cualquier ambición personal. Otra vez, otra vez, los políticos quedan a deber.