Mujeres víctimas de violencia quedaron en la incertidumbre jurídica luego de que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) de San Luis Potosí prescindiera de abogadas que llevaban sus casos, incluso cuando algunos procesos seguían en curso. Las afectadas denunciaron que no fueron notificadas oportunamente sobre los cambios en su representación legal ni recibieron información clara sobre quién daría continuidad a sus expedientes, situación que llevó a algunas a buscar asesoría particular y cubrir los gastos de su propio bolsillo.
La titular de Semujeres, Roxanna Hernández Ramírez, reconoció que hubo movimientos de personal y justificó los ajustes como parte de una reestructuración administrativa, derivada —según explicó— de quejas de usuarias por la atención recibida. Sin embargo, al ser cuestionada sobre la salida de trabajadoras, primero confirmó los movimientos y después negó que se tratara de despidos, argumentando que las bajas corresponden al vencimiento de contratos temporales de tres meses.
El caso abre cuestionamientos sobre la continuidad y calidad de la atención institucional a mujeres que enfrentan procesos legales y requieren acompañamiento especializado. Más allá de que las salidas se atribuyan a la conclusión de contratos o a una reingeniería administrativa, la falta de información oportuna sobre la continuidad de los litigios puede generar incertidumbre y gastos adicionales para las afectadas.