Si los señalamientos publicados por Reforma contra Guadalupe Taddei hubieran involucrado a Lorenzo Córdova, Andrés Manuel López Obrador habría encontrado material de sobra para sus mañaneras. Cuando Córdova encabezaba el INE, el expresidente lo fustigó por sus percepciones económicas y llegó a calificar de «completamente inmoral» la liquidación que recibiría al dejar el cargo. Ahora, ante las revelaciones sobre la actual presidenta del organismo, ¿dónde quedó aquella indignación de la mal llamada cuarta transformación? La diferencia es abismal: una cosa fueron los ataques de López Obrador contra Córdova por sus ingresos y otra muy distinta son los hechos documentados por Reforma sobre los vínculos de Taddei con personas relacionadas con proveedores electorales y las contrataciones millonarias del Instituto.
Reforma ha publicado que siete empresas proveedoras de materiales electorales están bajo investigación de autoridades federales por presuntas operaciones irregulares; que compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvieron contratos millonarios, y que Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de Taddei en la nómina del INE, aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa vinculada con ese entramado empresarial. También reportó un contrato por 197 millones de pesos adjudicado a empresas relacionadas con el grupo. No estamos hablando de las percepciones de un funcionario ni de una discusión sobre privilegios burocráticos: estamos ante señalamientos concretos sobre posibles conflictos de interés, contratación pública y relaciones que la propia presidencia del organismo está obligada a esclarecer.
La hipocresía de la mal llamada Cuarta Transformación queda expuesta cuando se confronta su discurso con su comportamiento. López Obrador convirtió a Lorenzo Córdova en blanco de una ofensiva política permanente y utilizó el argumento moral para desacreditarlo. Sin embargo, frente a las publicaciones que comprometen políticamente a Taddei, el estándar parece cambiar. La presunción de inocencia no puede convertirse en una patente de silencio ni la defensa institucional en un escudo para evitar preguntas. Si el obradorismo exigía explicaciones públicas a sus adversarios, ahora tiene la obligación política de exigirlas a quienes llegaron al poder bajo su mismo ciclo de supuesta transformación.
Taddei niega favorecer a proveedores y anunció que solicitará una revisión de las contrataciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Pero una conferencia sin preguntas y la promesa de crear un portal de transparencia no bastan para despejar un escándalo de esta magnitud. Se necesitan expedientes, contratos, procedimientos de adjudicación, declaraciones de intereses y respuestas precisas sobre los vínculos señalados por Reforma. Taddei no puede pedir confianza mientras deja interrogantes sin resolver sobre su propia administración.
La permanencia de Guadalupe Taddei al frente del INE es políticamente insostenible. La credibilidad del árbitro electoral no puede quedar subordinada a la suerte personal de su presidenta ni a las conveniencias de Morena y sus aliados. Si López Obrador hubiera aplicado a Córdova la misma cautela que hoy algunos pretenden imponer frente a Taddei, habría tenido que moderar buena parte de sus acusaciones. Pero su conducta pública demuestra que la vara moral era mucho más severa cuando el cuestionado pertenecía al campo adversario. La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia, investigaciones independientes y responsabilidades. Taddei debe asumir las consecuencias políticas y considerar su renuncia. El INE está por encima de cualquier funcionaria, partido o proyecto político.