El encontronazo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, exhibe cómo un asunto de seguridad nacional puede terminar convertido en una disputa de deslindes, acusaciones y cálculos políticos. Según el relato de la propia presidenta, ambas levantaron la voz durante su reunión privada, luego de que Campos le reclamara haberla acusado de traición a la patria por la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio clandestino.
Sheinbaum respondió que el ingreso de extranjeros sin autorización federal debía investigarse; la gobernadora, de acuerdo con esa versión, responsabilizó al entonces fiscal César Jáuregui Moreno. El problema es que, entre reclamos y señalamientos, todavía se necesitan respuestas claras sobre quién permitió la participación de los agentes, qué autoridades conocían el operativo y por qué se llegó a una situación que puso en entredicho la soberanía y la coordinación entre gobiernos.
En el caso Chihuahua, lo que ha predominado en la discusión pública son las versiones contradictorias, los deslindes y las acusaciones cruzadas. La muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos, en el contexto de la operación contra el laboratorio, exigía una investigación rigurosa y explicaciones puntuales, no una batalla para determinar quién carga con el costo político.
Si hubo mentiras, manipulación de información u ocultamiento de decisiones, corresponde demostrarlo y establecer responsabilidades. Y si funcionarios panistas terminaron enfrentados entre sí por lo ocurrido, esa fractura política no debe confundirse con una sentencia judicial ni utilizarse como sustituto de la verdad. La acusación de traición a la patria es demasiado grave para convertirse en consigna: requiere pruebas y resolución conforme a derecho.
Tampoco Sheinbaum queda exenta de responsabilidad política por el manejo del conflicto. Defender la soberanía nacional es una obligación presidencial, pero esa defensa debe traducirse en investigaciones transparentes, coordinación institucional y consecuencias legales cuando se acrediten irregularidades.
Maru Campos, por su parte, no puede dar por resuelto el problema señalando al exfiscal como responsable de las decisiones cuestionadas. Gobernar implica responder por el funcionamiento de las instituciones bajo la propia administración, sin que ello signifique atribuir automáticamente responsabilidad penal a la titular del Ejecutivo estatal.
La estatura política de ambas se medirá por su disposición a esclarecer los hechos, entregar información y permitir que las investigaciones avancen, no por su capacidad para imponerse verbalmente o colocar al adversario en el banquillo de los acusados.
Lo verdaderamente preocupante es que el combate al narcotráfico haya quedado relegado por la disputa entre Morena y el PAN. Mientras las gobernantes defienden sus posiciones y buscan deslindarse de las consecuencias del escándalo, las preguntas fundamentales siguen vigentes: ¿qué estructura criminal operaba el laboratorio?, ¿qué avances existen para desmantelar sus redes?, ¿quién autorizó la intervención de agentes extranjeros y qué falló en los mecanismos de coordinación?
La seguridad de los mexicanos no puede quedar subordinada a la lucha por el poder ni a la necesidad de administrar daños políticos. Si el caso termina convertido en munición partidista, la factura será para las instituciones y para una ciudadanía que merece resultados, no argüendes. Porque, hasta ahora, la discusión parece concentrarse más en quién traicionó a quién que en cumplir la responsabilidad primordial de cualquier gobierno: combatir al crimen organizado, esclarecer la muerte de las víctimas y decir la verdad.