Parece una broma de mal gusto, pero no lo es: el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pretende que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción quede en manos de uno de tres abogados vinculados laboralmente con su propio grupo político. Benjamín Pérez Álvarez, Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño integran la terna enviada por el mandatario al Congreso del Estado. Los tres cuentan con antecedentes en administraciones gallardistas, un detalle que enciende las alarmas sobre la verdadera independencia de la institución que debería investigar y perseguir los actos de corrupción en San Luis Potosí.
El descaro político radica en que el llamado «auto nombrado padrino» pretende influir en la designación de quien tendrá la responsabilidad de investigar posibles actos de corrupción, incluidos aquellos que pudieran involucrar a funcionarios de su propio gobierno. ¿Con qué autoridad moral puede exigirse una Fiscalía autónoma si los candidatos propuestos provienen del mismo círculo político del gobernador? La anticorrupción no puede convertirse en una oficina de protección para los amigos, los aliados y los subordinados del poder.
Para colmo, la Comisión Primera de Justicia del Congreso ya avaló los perfiles. Ahora la responsabilidad recae en los legisladores, quienes tendrán que demostrar si actúan como representantes de los ciudadanos o como una extensión de los intereses del Ejecutivo estatal. Porque si la evaluación se limita a cumplir el trámite y levantar la mano, la autonomía de la Fiscalía nacerá debilitada, antes incluso de que su titular asuma el cargo. La cercanía política no demuestra por sí sola complicidad, pero sí obliga a exigir transparencia, independencia acreditable y garantías de que nadie estará por encima de la ley.
La pregunta es inevitable: ¿quién va a investigar al gallardismo si el fiscal anticorrupción llega de las filas del gallardismo? San Luis Potosí no necesita un fiscal agradecido con quien lo propone, sino uno dispuesto a investigar hasta las últimas consecuencias, aunque los expedientes alcancen al poder que hizo posible su nombramiento. De lo contrario, la promesa de combatir la corrupción terminará convertida en una simulación: el gobierno propone, sus aliados avalan y los ciudadanos contemplan cómo quienes deberían vigilar al poder terminan dependiendo de él.