Si Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), está ahora bajo cuestionamientos y existe la intención de fincarle responsabilidades por las irregularidades que se le atribuyen durante su gestión, ha llegado el momento de que hable. Pero que hable de verdad. Que revele quién la llevó al organismo electoral, quiénes estuvieron detrás de su llegada y, sobre todo, cuáles fueron las instrucciones políticas que recibió para conducir al INE por el camino que terminó destruyendo su autonomía.
Sería demasiado cómodo pretender que todo lo ocurrido fue una decisión personal de Taddei. ¿De verdad alguien puede creer que la operación política para debilitar la autonomía de una institución fundamental para la democracia mexicana fue una ocurrencia individual? ¿Que la transformación de un organismo electoral en una institución cuestionada por sus decisiones, sus nombramientos y sus actuaciones obedeció exclusivamente a la voluntad de su presidenta?.
Ahora que el propio Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostiene que Taddei debe ir a la cárcel y que deben fincársele responsabilidades administrativas y penales, la pregunta es inevitable: ¿quiénes más deben responder? Porque si las investigaciones terminan concentrándose exclusivamente en la expresidenta del INE, estaríamos ante una explicación incompleta de lo que ocurrió en una institución cuya autonomía debía estar por encima de los intereses de cualquier partido.
Taddei tiene ahora la oportunidad de defenderse, pero también la responsabilidad política de contar todo lo que sabe. Que explique cómo llegó a la presidencia del INE, quién impulsó su nombramiento, qué compromisos hubo, quiénes participaron en las decisiones que debilitaron la estructura institucional y a quiénes beneficiaron. Que diga si recibió instrucciones, de quién provinieron y qué intereses políticos estaban detrás. Que no se guarde nombres ni circunstancias. Que señale cómplices y que revele instrucciones desde las esferas del poder.
Si ahora pretenden cargarle a Taddei todas las responsabilidades, como anticipan las declaraciones del propio Ramírez Cuéllar, la expresidenta del INE debe entender que su defensa no puede limitarse a negar acusaciones o deslindarse de los señalamientos. Tiene que explicar el contexto completo. No se trata de ofrecer impunidad a cambio de información, sino de que las investigaciones alcancen a todos los que eventualmente hayan participado, sin importar su cargo, partido o cercanía con el poder.
Taddei puede optar por guardar silencio y enfrentar sola las consecuencias de las decisiones que tomó. Pero también puede contribuir a esclarecer una de las crisis institucionales más delicadas que ha enfrentado el organismo electoral. Si quiere defenderse, que hable. Y si realmente hubo responsables por encima de ella, que no los proteja. Porque la historia del INE no puede terminar con una sola persona pagando por decisiones que necesariamente involucraron a más actores.