Es verdaderamente absurdo que el régimen de Ricardo Gallardo Cardona pretenda convertirse en garante de una contienda democrática cuando viola reiteradamente legislación electoral para favorecer a su partido, el Verde Ecologista, y construye ilegalmente condiciones políticas para impulsar a su esposa, Ruth González Silva, como candidata a la gubernatura. No son hechos desconocidos ni secretos: las violaciones y los señalamientos sobre la intervención del poder en la contienda han sido públicos y documentados por los medios de comunicación.
Gallardo y su secretario general de Gobierno son los menos indicados para repartir garantías de legalidad. ¿Con qué autoridad moral hablan de imparcialidad quienes han convertido el poder público en una herramienta de promoción de su proyecto político? ¿Con qué cara exigen a los demás respetar las reglas electorales cuando desde el propio gobierno se han vulnerado? El problema del gallardismo es que cree que basta con pronunciar las palabras democracia, equidad y respeto a la ley para borrar su historial. Pero la memoria pública no funciona con boletines oficiales.
Además, nadie les está pidiendo que garanticen la limpieza de las elecciones. Ni Gallardo ni Guadalupe Torres son los árbitros electorales, ni tienen facultades para adjudicarse ese papel. Esa responsabilidad corresponde a los organismos electorales, al CEEPAC y al INE, dentro de sus respectivas competencias, así como a los tribunales electorales. Al gobierno le corresponde respetar la ley, abstenerse de intervenir y garantizar que las autoridades electorales puedan trabajar con independencia. Nada más, pero tampoco nada menos. Que dejen de buscar protagonismo en una tarea que no les corresponde.
La declaración de Torres Sánchez es, además, una muestra de la pobreza de creatividad política del gallardismo. Un discurso ordinario, predecible y sin una sola idea novedosa. Sus estrategas parecen ramplones que siguen creyendo que la comunicación política consiste en repetir frases de manual y fabricar declaraciones para los titulares. Recomendar campañas de altura y pedir que los aspirantes se separen de sus cargos suena muy bien, pero resulta grotesco cuando esas exigencias salen de un gobierno que tiene mucho que explicar sobre su propia conducta electoral.
El régimen de Gallardo quiere presentarse como guardián de una legalidad que él mismo ha vulnerado. Quiere ser juez cuando es parte interesada, árbitro cuando compite y garante cuando su comportamiento político ha puesto en entredicho la equidad electoral. Su verdadero interés no es ofrecer garantías a los potosinos, sino conservar el poder y asegurar la continuidad del proyecto Verde-Gallardista, con Ruth González como pieza central de esa operación. Antes de dar lecciones de democracia, que empiecen por respetarla.







