Si Morena fue sancionado en el último año con 70 millones de pesos por irregularidades relacionadas con afiliaciones partidistas, la pregunta es inevitable: ¿cuántas personas fueron incorporadas a sus filas sin haberlo autorizado y qué tan extendida fue esta práctica para que el caso alcanzara semejante dimensión económica?
Las denuncias sobre afiliaciones indebidas no son un asunto menor ni una discusión burocrática sobre padrones partidistas. El problema de fondo es el respeto a la voluntad de los ciudadanos. La afiliación a un partido político debe ser una decisión libre, individual e informada. Nadie debería descubrir que forma parte de una organización política a la que nunca decidió incorporarse, mucho menos si esa afiliación está relacionada con la gestión de un apoyo gubernamental.
Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, las acusaciones sobre el uso político de los programas sociales y las presuntas afiliaciones sin consentimiento han formado parte de las denuncias planteadas por actores de oposición y difundidas por distintos medios de comunicación.
Las acusaciones sobre el aprovechamiento político de programas sociales merecen una investigación específica. Existen testimonios, documentos y denuncias que acreditan que muchos mexicanos fueron presionados para afiliarse a Morena, a cambio de recibir un programa social del gobierno.
EL INE DEBE DAR EXPLICACIONES
Si se han documentado tantas denuncias y se han impuesto sanciones millonarias, ¿qué tan exhaustiva está siendo la revisión de los padrones partidistas y qué garantías existen para que las afiliaciones indebidas no permanezcan ocultas?
La autoridad debe publicar resultados claros, explicar los criterios para calcular las multas y facilitar información sobre las denuncias recibidas, los casos acreditados y las medidas correctivas. La transparencia es indispensable para que los ciudadanos puedan evaluar si la fiscalización funciona con independencia y si las sanciones tienen un efecto real.
La pregunta de fondo sigue en pie: ¿cuántos ciudadanos tuvieron que denunciar para que sus casos fueran atendidos y cuántos todavía desconocen que aparecen en un padrón partidista sin haberlo autorizado?
La afiliación política no puede ser una cifra que se manipule para presumir fuerza electoral. Es un derecho individual que ningún partido tiene facultad de apropiarse.