Lo que viene para Soledad no es una crisis inesperada: es un desastre anunciado. Tiene responsables, tiene origen político y tiene una motivación tan vieja como ruin: el control del dinero público.
La división del Interapas no fue un error técnico. Fue una maniobra deliberada del gobernador Ricardo Gallardo para quedarse con un organismo que no pudo someter. Y como no pudo controlarlo, decidió romperlo. Así de simple. Así de grave.
Aquí no hubo diagnóstico serio, ni planeación, ni interés real por mejorar el servicio. Hubo berrinche político. Hubo cálculo. Hubo imposición. Y en medio de todo eso, el agua —ese derecho básico que no admite juegos— quedó reducida a botín.
Durante años, con todos sus problemas, el modelo metropolitano permitió contener una crisis mayor. No era perfecto, pero funcionaba bajo una lógica elemental: el agua se gestiona mejor sumando capacidades, no fragmentándolas por capricho. Eso lo entendieron generaciones anteriores. Este gobierno decidió ignorarlo.
Hoy estamos viendo el resultado de esa arrogancia.
Porque hay que decirlo sin rodeos: esto es un acto de irresponsabilidad mayúscula. Desmantelar un sistema sin tener uno mejor listo no es gobernar, es dinamitar. Y cuando se dinamita algo tan sensible como el suministro de agua, las consecuencias no son políticas, son sociales.
Lo más indignante es el silencio que rodea esta decisión. Un silencio cómodo, cobarde. Los partidos de oposición que antes exigían soluciones, hoy agachan la cabeza. Los liderazgos que deberían incomodar al poder prefieren acomodarse. Nadie quiere pagar el costo de decir lo evidente: el gobernador se equivocó, y gravemente.
Pero la factura sí llegará. Y no será para quienes tomaron la decisión.
La pagarán los ciudadanos con tinacos vacíos, con tandeos interminables, con colonias enteras abandonadas a la improvisación. La pagarán, sobre todo, los habitantes de Soledad. Sí, los mismos que han sido base electoral, los mismos que han respaldado este proyecto político. A ellos les tocará primero. Como siempre.
No hay que ir muy lejos para saberlo. Ya pasó. Ya está pasando.
Esto no es un tema administrativo. Es un abuso de poder con consecuencias reales. Es poner en riesgo el acceso al agua por ambición política. Es jugar a la política con la vida cotidiana de miles de personas.
Y cuando el agua empiece a faltar —porque va a faltar— no habrá propaganda, ni discursos, ni culpas ajenas que alcancen para tapar lo evidente.
Este no será un accidente.
Será responsabilidad directa.
Y tendrá nombre.