Hay una forma particularmente cínica de ejercer el poder: hablar de justicia social mientras los trabajadores tienen que salir a las calles para exigir condiciones dignas; declararse solidario con quienes reclaman sus derechos y, al mismo tiempo, actuar como si la responsabilidad siempre fuera de alguien más. Esa es la contradicción que exhiben Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo Cardona frente a las protestas de médicos, enfermeras y trabajadores del Hospital Central de San Luis Potosí. Dos gobernantes, dos ámbitos de competencia y una misma tentación política: administrar el discurso antes que resolver el problema.
Claudia Sheinbaum ha convertido sus intervenciones públicas en una cátedra permanente sobre lo que debe hacerse, cómo deberían funcionar las instituciones y por qué los problemas tienen explicaciones históricas. Sin embargo, cuando la crisis exige respuestas concretas, la explicación puede convertirse en una cortina de humo que diluye responsabilidades. No basta con describir las causas de una emergencia sanitaria, mucho menos con atribuirlas al pasado. Gobernar significa hacerse cargo del presente. Si el problema se originó en decisiones anteriores, corresponde explicar qué se ha hecho para corregirlo; si persiste bajo la administración actual, corresponde reconocerlo y responder por ello. La historia puede explicar una crisis, pero no puede utilizarse como salvoconducto permanente para evadirla.
En San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona tampoco puede refugiarse en las declaraciones de solidaridad con los trabajadores de la salud. Respaldar sus demandas es sencillo cuando no se acompaña ese respaldo de compromisos verificables. La pregunta incómoda es por qué un gobierno capaz de destinar recursos a espectáculos multitudinarios, como los organizados en la Feria Nacional Potosina, no ofrece a la ciudadanía una explicación suficientemente convincente sobre sus prioridades presupuestales frente a las necesidades de los hospitales. El cuestionamiento cobra fuerza cuando se recuerda el gasto asociado a presentaciones de artistas internacionales como Katy Perry. No se trata de afirmar, sin conocer las partidas presupuestales, que ese dinero podía trasladarse automáticamente al sector salud; se trata de exigir que el gobernador explique sus decisiones y demuestre que la salud pública ocupa el lugar que merece. Porque mientras el gobierno presume entretenimiento, promoción y grandes eventos, los trabajadores sanitarios siguen reclamando condiciones que consideran indispensables para desempeñar su labor.
La justicia social no se demuestra en un templete ni en una conferencia mañanera. Se demuestra cuando el dinero público se traduce en servicios dignos, cuando las autoridades dejan de repartir culpas y cuando los ciudadanos pueden exigir resultados sin tener que mendigar la atención de quienes gobiernan. Lo demás es propaganda.