El Congreso del Estado volvió a quedar mal parado en materia de desempeño legislativo al reprobar la séptima evaluación trimestral de Congreso Calificado, organismo ciudadano que ubicó a la LXIV Legislatura en uno de sus momentos más críticos por rezago legislativo, ausentismo recurrente, acumulación de iniciativas caducadas y una marcada desconexión con la ciudadanía.
De acuerdo con el informe, por primera vez la evaluación se realizó sobre 26 legisladores y no 27, luego de que Armando Navarro Tapia, suplente del diputado Carlos Arreola Mallol, declinó asumir la curul. Para Congreso Calificado, este hecho representa una señal preocupante de desinterés hacia responsabilidades públicas previamente asumidas, subordinadas a intereses político-electorales.
Uno de los indicadores más alarmantes del reporte es el rezago legislativo. De las 749 iniciativas presentadas ante el Congreso local, el 44 por ciento permanece pendiente de dictamen, reflejando una baja capacidad de resolución y una carga creciente de asuntos sin atender.
A ello se suma el limitado contacto de la mayoría de las y los diputados con la población. Según la evaluación, gran parte de los legisladores carece de redes sociales actualizadas o incluso de páginas web funcionales, lo que reduce significativamente los canales de comunicación y rendición de cuentas hacia sus representados.
El informe pone especial énfasis en el trato que el Poder Legislativo ha dado a las iniciativas ciudadanas, uno de los mecanismos más relevantes de participación democrática. De las 89 propuestas presentadas por ciudadanos, cerca del 90 por ciento han sido rechazadas, permanecen sin resolver o simplemente fueron dejadas caducar.
Además, 25 de las 27 comisiones dictaminadoras mantienen al menos una iniciativa ciudadana pendiente de resolución, un dato que evidencia la escasa prioridad que el Congreso otorga a las propuestas surgidas desde la sociedad civil.
Los resultados de esta evaluación vuelven a encender cuestionamientos sobre la eficacia y el compromiso de la actual Legislatura. Más allá de los discursos, los datos exhiben un Congreso con serias deficiencias operativas, alejado de las demandas ciudadanas y con una deuda creciente en productividad legislativa y transparencia institucional.