El ejercicio del poder en San Luis Potosí ha entrado en una fase crítica. Lo que durante años se mantuvo bajo una dinámica de opacidad, control institucional y una narrativa construida desde el aparato oficial, ha encontrado este martes un muro de contención no en la clase política tradicional —cuyas dirigencias partidistas han optado por una cómoda y sospechosa inacción—, sino en la ciudadanía y el gremio periodístico.
El régimen encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, que ha operado bajo una lógica de gestión patrimonialista —tratando al presupuesto público como un activo privado y al gobierno como un botín—, parece haber subestimado la capacidad de reacción social ante el intento de anular la crítica.
La espiral represiva: De la omisión a la persecución
El historial del actual gobierno no es nuevo, pero sí ha escalado en intensidad. Las denuncias recurrentes sobre irregularidades en la contratación de obra pública, la falta de transparencia en el gasto, el uso de festividades como herramienta propagandística y la captura sistemática de las instituciones autónomas, han configurado un modelo de gestión que, lejos de rendir cuentas, se ha blindado contra la fiscalización.
Sin embargo, el punto de inflexión se alcanzó cuando el gobierno pasó de la indiferencia ante la crítica a la agresión directa. La reciente escalada represiva, que incluye el encarcelamiento de comunicadores, no es un hecho aislado, sino la manifestación de una estrategia deliberada para imponer el silencio.
A esto se suma el polémico avance en el Congreso del Estado de la denominada “Ley Serrano”. Esta iniciativa, lejos de fortalecer el marco legal, parece diseñada como un instrumento coercitivo a la medida, destinado a dotar al Ejecutivo de herramientas legales para judicializar el ejercicio periodístico y someter a los medios que se niegan a alinearse con la narrativa oficial.
El tiro por la culata
La máxima política que dicta que «toda acción genera una reacción» parece haber sido olvidada en Palacio de Gobierno. Al intentar sofocar la disidencia mediante el encarcelamiento y la intimidación legislativa, el régimen no logró el orden que buscaba; por el contrario, provocó una respuesta articulada.
La manifestación de este martes 23 de junio ante el Poder Legislativo es la señal más clara de que la sociedad civil ha tomado el relevo de una oposición partidista ausente. Cuando los partidos políticos fallan en su función de contrapeso, la ciudadanía ocupa el espacio público para defender derechos fundamentales. La libertad de expresión, pilar de cualquier democracia, no es una concesión del gobernante, sino una garantía que los ciudadanos han decidido defender frente a la pretensión de convertir el estado en un feudo personal.
Hacia una confrontación inevitable
El régimen gallardista se encuentra ante un dilema de su propia creación. Por un lado, la inercia de una política de confrontación que le ha servido para consolidar su estructura de poder; por el otro, la realidad de una ciudadanía que ha dejado de lado la apatía para exigir el fin de la censura.
La historia reciente demuestra que los gobiernos que confunden la mayoría electoral con un cheque en blanco para el autoritarismo, terminan siendo víctimas de su propia soberbia. El «tiro por la culata» es hoy una realidad política: al endurecer el discurso y las acciones contra quienes piensan distinto, el régimen no ha hecho más que aglutinar a los sectores agraviados, convirtiendo la defensa de la libertad de prensa en la bandera de una resistencia que, a partir de hoy, tiene un nuevo y mucho más amplio alcance.
El costo de intentar someter a la opinión pública es alto. El gobierno potosino deberá decidir si apuesta por el diálogo y la apertura democrática, o si prefiere profundizar una crisis de gobernabilidad que ya no se limita a los pasillos de las oficinas gubernamentales, sino que ha tomado, con firmeza, las calles y la agenda pública.