Hay una diferencia entre la prudencia institucional y la parálisis conveniente. Lo que hoy ocurre con las autoridades electorales comienza a parecerse demasiado a lo segundo.
Mientras los aspirantes del oficialismo recorren el país, llenan auditorios, colocan espectaculares, organizan eventos multitudinarios y posicionan su imagen con recursos cuya fiscalización nadie parece querer explicar, el árbitro electoral responde con una frase que se ha vuelto costumbre: “no hay lineamientos”.
La encargada del despacho de la Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, Patricia Santos Quevedo, sostiene que no existe una ruta de actuación porque el Consejo General aún no emite las reglas para atender los presuntos actos anticipados de campaña. Jurídicamente puede ser una explicación; políticamente resulta devastadora.
Porque la ley no debería convertirse en rehén de la burocracia.
Cuando un árbitro espera a que le expliquen cómo aplicar principios tan elementales como la equidad y la imparcialidad de una contienda, el mensaje que recibe el poder es muy claro: hay margen para seguir adelantándose sin consecuencias.
Y mientras eso ocurre, la oposición parece instalada en una comodidad suicida.
No hay estrategia. No hay narrativa. No hay movilización social. No hay imaginación política. Se limita a denunciar lo evidente mientras el oficialismo ocupa cada espacio disponible de comunicación y presencia territorial.
Resulta paradójico. Nunca había existido tanta evidencia pública de promoción personalizada y, al mismo tiempo, tan poca capacidad institucional para frenarla.
Más preocupante aún es que una parte importante de la ciudadanía comienza a normalizar esta situación. La resignación termina siendo el mejor aliado de cualquier proyecto con vocación hegemónica.
En San Luis Potosí el panorama es todavía más complejo.
Aquí no solamente se observa el avance del aparato político nacional encabezado por Morena. También opera un modelo local de concentración del poder bajo el liderazgo de Ricardo Gallardo, cuya estructura política mantiene una presencia permanente en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública.
Cuando el poder federal y el poder estatal coinciden en ocupar todos los espacios políticos, administrativos y mediáticos, los contrapesos empiezan a desaparecer.
Y cuando desaparecen los contrapesos, las instituciones dejan de funcionar como límites para convertirse en simples espectadores.
Lo verdaderamente alarmante no es únicamente que existan presuntos actos anticipados de campaña. Lo grave es que quienes deberían impedirlos parecen esperar instrucciones para hacer aquello que precisamente justifica su existencia.
Las democracias no suelen morir de golpe. Se erosionan lentamente. Primero se flexibilizan las reglas. Después se normalizan las excepciones. Más tarde el árbitro guarda silencio. Finalmente, la competencia deja de ser auténtica.
Quizá el mayor triunfo del régimen no sea ganar elecciones, sino haber conseguido que buena parte del país considere inevitable su permanencia.
Y cuando la oposición renuncia a disputar el terreno político mientras las autoridades electorales esperan lineamientos para actuar, los ciudadanos quedan prácticamente solos frente a un poder cada vez más concentrado.
La historia demuestra que el autoritarismo rara vez entra por la puerta principal. Casi siempre lo hace aprovechando el silencio de quienes debían impedir su llegada.