Los diputados locales del partido Verde presentaron una iniciativa para que el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, dependiente del auto nombrado padrino Ricardo Gallardo, sea quien entregue “certificación de integridad y confiabilidad” a quien aspire a puestos de elección popular.
Lo anterior significa que el Centro de Evaluación tendrá en sus manos la capacidad para negar, según sus criterios, semejante certificación y, quien no la obtenga, no podrá competir en las elecciones. Se trata, incluso, de una reforma Constitucional.
La certificación de marras se integraría como requisito obligatorio al momento del registro como candidatos, sin embargo, la autoridad electoral sólo tendrá facultades para verificar su existencia, sin facultades para revisar el contenido de los resultados ni emitir juicios sobre la elegibilidad del aspirante. Además, los resultados de las evaluaciones tendrían carácter confidencial.
Todo esto ocurre mientras los partidos de oposición callan como momias, con un silencio cómplice.