Primero fue el campo de exterminio en Jalisco, luego incautación de droga en Zacatecas y ahora en Baja California el gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró un predio que era utilizado para almacenamiento y manejo ilegal de combustible, con cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo.
Estos golpes contra la delincuencia exhiben la omisión con que operó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al grado de que pudieron operar semejantes lugares, a la vista de todo mundo y en completa impunidad.
La pregunta es qué está obligando al gobierno a dar semejantes golpes contra la delincuencia, qué acuerdos permiten que delincuentes operen a gran escala y con tanta impunidad y, cuánto durarán estas acciones del oficialismo.