Un juez federal determinó que la Secretaría de Finanzas del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona realizó un cobro excesivo y sin justificación por la renovación o reposición de la tarjeta de circulación. El amparo impugnó el pago equivalentes a 747 pesos, al considerar que la tarifa viola el principio constitucional de proporcionalidad tributaria.
La sentencia establece que producir la tarjeta cuesta aproximadamente 75 pesos, mientras que el ciudadano paga casi diez veces esa cantidad. Además, el gobierno estatal no acreditó una justificación técnica para el incremento de 128 por ciento, mientras un dictamen pericial concluyó que no existen nuevos elementos técnicos o de seguridad que expliquen el encarecimiento respecto de años anteriores.
Aunque el juez concedió el amparo al ciudadano que promovió el juicio, la resolución tiene efectos únicamente para él. El resto de los potosinos continuará obligado a pagar la tarifa vigente. El expediente presenta además una particularidad: partes relevantes del amparo fueron elaboradas con apoyo de Inteligencia Artificial.