El Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está bajo cuestionamiento por disposición que restringe a trabajadores posibilidad de hablar públicamente sobre condiciones de la institución. De esta manera se está ante un instrumento laboral que podría utilizarse para inhibir la libertad de expresión de quienes conocen de primera mano las carencias y problemas que enfrenta el principal organismo de seguridad social del país.
La gravedad del asunto radica en que las denuncias sobre falta de medicamentos, insuficiencia de personal, saturación hospitalaria, deficiencias en infraestructura y condiciones laborales no son asuntos privados del IMSS. Se trata de problemas que afectan directamente a millones de derechohabientes y que, por su naturaleza, deben poder conocerse y discutirse públicamente. Ningún contrato colectivo puede colocarse por encima de la Constitución.
En un país como México, con una población de más de 130 millones de habitantes y una institución de salud de la magnitud del IMSS, sería inadmisible que los trabajadores tuvieran que guardar silencio ante deficiencias que comprometen la calidad de los servicios médicos. La transparencia institucional no se construye silenciando las críticas, sino atendiendo las denuncias y corrigiendo los problemas.