Durante décadas, la política nos ha vendido una supuesta batalla entre la izquierda y la derecha, como si pertenecer a uno u otro bando fuera garantía de honestidad, congruencia y compromiso con los ciudadanos. Pero ¿qué ocurre cuando quienes se proclaman defensores del pueblo terminan sirviéndose de él, y quienes presumen defender la libertad incurren en las mismas prácticas que condenaban? A mi juicio, esas etiquetas se han convertido, para muchos políticos, en una argucia tramposa para dividir a la sociedad, fabricar enemigos y conquistar simpatías sin tener que demostrar con hechos lo que prometen con palabras.
En México tenemos ejemplos suficientes para desconfiar de los discursos ideológicos cuando se utilizan como escudos de impunidad. Cambian los colores, los logotipos, las consignas y los protagonistas, pero persisten viejas prácticas: el uso patrimonial del poder, las promesas incumplidas, el reparto de privilegios y la resistencia a rendir cuentas. Políticos que ayer denunciaban los abusos de sus adversarios hoy pueden reproducirlos desde el gobierno, mientras otros, que se presentan como alternativa, guardan silencio cuando las irregularidades benefician a los suyos. La ideología termina siendo una conveniente coartada para justificar lo injustificable.
El verdadero problema aparece cuando los ciudadanos aceptan convertirse en hinchas de un partido y dejan de comportarse como ciudadanos críticos. Entonces, cualquier señalamiento contra los propios se interpreta como un ataque, cualquier escándalo se minimiza y cualquier contradicción se justifica con el argumento de que los otros son peores. Así se construye una lealtad ciega que beneficia a los políticos y perjudica a la sociedad. No importa cuánto mienta un dirigente, qué compromisos incumpla o qué explicaciones deba ofrecer: mientras conserve la etiqueta correcta, siempre habrá quien salga a defenderlo.
Por eso, la pregunta fundamental no debería ser quién es de izquierda y quién de derecha, sino quién gobierna con transparencia, quién respeta la ley, quién cumple sus compromisos y quién está dispuesto a responder por sus decisiones. No se trata de afirmar que las diferencias ideológicas no existen, sino de entender que ninguna etiqueta sustituye la evaluación de los hechos. Las propuestas, los resultados, el manejo del dinero público, el respeto a las libertades y la conducta frente a la corrupción deben pesar más que cualquier consigna. Y cuando las mentiras, los conflictos de interés o los abusos están documentados, corresponde exigir explicaciones, sin importar el partido al que pertenezca el señalado.
Quizá los ciudadanos no encontremos políticos perfectos, pero eso no significa que debamos renunciar a distinguir entre conductas y exigir mejores resultados. Si el panorama obliga a elegir entre opciones imperfectas, habrá que examinarlas con rigor, comparar sus antecedentes y determinar cuáles ofrecen mayores garantías de honestidad, capacidad y respeto a la ciudadanía. La política no es un acto de fe ni una competencia de colores; es un ejercicio permanente de vigilancia y responsabilidad. Al final, la democracia no necesita ciudadanos que aplaudan ciegamente a la izquierda o a la derecha, sino personas capaces de reconocer una mentira, denunciar un abuso y retirar su confianza a quien traicione su palabra. El voto no debe ser un cheque en blanco para una ideología, sino una decisión razonada sobre personas, hechos y responsabilidades.