Causa ternura, cuando no pena y enojo, escuchar las versiones que comienzan a revelar las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el trato que recibían de Guadalupe Taddei. Ahora resulta que había desplantes, opacidad, presuntas amenazas, negativas de información y decisiones que obstaculizaban el trabajo colegiado. Lo verdaderamente indignante no es solamente lo que cuentan, sino que lo hagan hasta ahora, cuando la exconsejera presidenta ya renunció y dejó el cargo. ¿Dónde estaban cuando tenían la responsabilidad de denunciarlo públicamente?
Martín Faz resumió el trato recibido con una frase que retrata la relación entre integrantes de un órgano que, por definición, debe funcionar bajo principios de igualdad y colegialidad: “A mí ni me hablaba”. Por su parte, Rita Bell López refirió situaciones de mayor hostilidad, como amenazas, mensajes anónimos y llamadas de personas que presuntamente hablaban en nombre de Taddei, aunque ella después desconocía esos hechos. A ello se suman los señalamientos de consejeros sobre versiones contradictorias, negativas de entregar información y asuntos que, según sus testimonios, no llegaban a las sesiones del Consejo General. Son acusaciones serias que merecen esclarecerse, pero también obligan a preguntar por qué quienes las formulan no las enfrentaron con la misma contundencia cuando ocurrieron.
Los ciudadanos podemos entender que defender la autonomía electoral frente a las presiones de la mal llamada Cuarta Transformación no es una tarea sencilla. Sabemos que el poder político tiene recursos, influencias y mecanismos para incomodar a quienes no se someten a sus intereses. Lo que resulta difícil de comprender es que quienes tienen la encomienda constitucional de garantizar elecciones libres y proteger la institucionalidad democrática parezcan haber tolerado, según sus propios relatos, prácticas que hoy describen como inadmisibles. Si no fueron capaces de defender su posición de iguales dentro del propio INE, ¿con qué autoridad moral pueden exigir a los ciudadanos que confíen en que defenderán la democracia frente a los embates del poder?
El episodio de la renuncia de Taddei también deja una estampa reveladora. De acuerdo con la versión difundida, el mensaje con el que anunció su salida llegó al chat de las consejerías después de que la noticia ya había circulado entre reporteros y en redes sociales, pues previamente habría sido enviado al grupo de Comunicación Social. Acto seguido, la entonces presidenta abandonó el chat. La escena parece más propia de una ruptura personal que de la despedida institucional de quien encabezaba uno de los organismos fundamentales de la República. Y, sin embargo, lo más preocupante no es el gesto de salir de un grupo de mensajería, sino el retrato de una institución cuyos integrantes, de acuerdo con sus testimonios, no habrían encontrado condiciones adecuadas para ejercer plenamente sus responsabilidades.
En San Luis Potosí y en todo México, los ciudadanos tenemos derecho a exigir algo más que declaraciones tardías y revelaciones posteriores a una renuncia. Necesitamos consejeros que hablen cuando deben hablar, funcionarios que documenten las presiones y servidores públicos que entiendan que el cargo no es una concesión del poder, sino una responsabilidad ante la sociedad. La democracia no se sostiene con silencios convenientes, ni la autonomía se acredita con discursos pronunciados cuando el riesgo ya pasó. Si las denuncias son ciertas, deben investigarse y esclarecerse; pero quienes hoy las cuentan también deben explicar por qué callaron. La democracia no solamente necesita instituciones autónomas: necesita personas dispuestas a defenderlas cuando hacerlo tiene un costo.