En San Luis Potosí se ha instalado una dinámica política que debería preocupar a cualquier ciudadano: cuando las cifras oficiales contradicen el discurso del gobierno, la respuesta no siempre es explicar, corregir o transparentar. Con frecuencia, el debate termina convertido en una disputa de versiones, mientras la ciudadanía queda atrapada entre el discurso del poder y el silencio de quienes deberían cuestionarlo.
El problema no es solamente lo que dice o deja de decir el gobierno de Ricardo Gallardo. El problema también está en una oposición que, durante buena parte del sexenio, no ha conseguido construir una respuesta política permanente, organizada y creíble frente al poder.
¿Por qué no existe una verdadera mesa de la verdad?
Una mesa que revise cifras, confronte declaraciones, compare promesas con resultados y coloque sobre la mesa documentos oficiales para que los ciudadanos puedan sacar sus propias conclusiones. Una mesa que, incluso, pudiera ser “la verdad de la oposición”, pero que obligara al gobierno a responder con datos y no solamente con propaganda.
La pregunta inevitable es: ¿por qué?
Porque algunos dirigentes opositores parecen haber entendido la política como un juego de conveniencias, donde hoy se cuestiona lo que ayer se hacía desde el gobierno y mañana podría volver a hacerse desde el poder.
No basta con aparecer cuando hay elecciones. No basta con publicar un comunicado cuando una polémica estalla. No basta con criticar en redes sociales mientras el gobierno ocupa todos los espacios de comunicación política.
Una oposición verdaderamente activa tendría que haber documentado, desde el principio, cada contradicción, cada promesa incumplida, cada cifra cuestionable y cada decisión controvertida. Tendría que haber construido un archivo público de hechos y documentos.
Si la oposición pretende convencer a los ciudadanos de que gobernará de manera distinta, primero tiene que demostrar que aprendió de sus propios errores.
El verdadero desafío para los ciudadanos ES no esperar a que los partidos opositores despierten. Es no callar.
Si una cifra oficial contradice un discurso gubernamental, hay que señalarlo.
Si una promesa no se cumple, hay que recordarlo.
Si una declaración no corresponde con los documentos públicos, hay que confrontarla.
Y no hace falta pertenecer a un partido político para hacerlo.
Puede hacerse en una conversación familiar, entre amigos, en el trabajo, en un sindicato, en un colegio profesional, en una asociación, en una universidad o en las redes sociales.
La democracia no se defiende únicamente en las urnas.
También se defiende cuestionando al poder cuando pretende convertir una versión política en verdad absoluta.
Y aquí hay algo que debería quedar claro: criticar al gobierno no significa automáticamente pertenecer a la oposición. Tampoco significa defender a los partidos que estuvieron antes en el poder.
Significa ejercer ciudadanía.
Los ciudadanos no tienen por qué escoger entre creerle ciegamente al gobierno o creerle ciegamente a sus adversarios.
Pueden revisar documentos. Pueden comparar cifras. Pueden preguntar. Pueden exigir explicaciones.
Ricardo Gallardo podrá tener el aparato de comunicación que tenga.
La oposición podrá seguir ausente, dividida o cautelosa. Pero existe algo que ningún gobierno debería controlar: la capacidad de los ciudadanos para cuestionar, recordar y exigir cuentas.
La ecuación, entonces, puede cambiar.
Poder + propaganda + silencio produce AUTORITARISMO.
Pero poder + ciudadanos informados + cuestionamiento permanente produce contrapesos.
Quizá eso sea precisamente lo que más necesita San Luis Potosí: ciudadanos que no se acostumbren a callar frente al poder.