El Gobierno federal carece de autoridad moral para prometer elecciones libres de la influencia del crimen organizado mientras no aclare los señalamientos que vinculan a figuras políticas con redes criminales, ni demuestre que sus instituciones investigan sin proteger a los propios. La advertencia de Omar García Harfuch sobre la necesidad de proteger los comicios de 2027 es correcta, pero resulta insuficiente cuando proviene de un aparato de poder cuestionado por escándalos, acusaciones y posibles conflictos de interés. El problema no es la promesa de blindar las urnas, sino la ausencia de controles capaces de hacerla creíble.
García Harfuch compareció ante diputados para anunciar que el Gobierno federal trabaja en la identificación de focos rojos con el propósito de impedir la intervención criminal en las elecciones. Sin embargo, antes de aceptar ese compromiso como una garantía, la ciudadanía tiene derecho a preguntar quién vigila a quienes vigilan y qué mecanismos existen para evitar que la seguridad electoral se convierta en una herramienta política. Proclamar el blindaje de los comicios no equivale a demostrar que las instituciones actúan con independencia, transparencia y distancia frente a los intereses partidistas.
El país acumula escándalos, investigaciones y acusaciones que obligan a exigir explicaciones al partido gobernante. Los señalamientos sobre presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales, particularmente en Sinaloa, han puesto bajo escrutinio la relación entre poder público y delincuencia. La sospecha no sustituye a una prueba judicial, pero tampoco se disipa con discursos: corresponde al Estado esclarecer los hechos y demostrar que los filtros para seleccionar candidaturas son eficaces y transparentes.
El desafío es todavía mayor porque García Harfuch no habla desde una posición ajena a la política. Apenas el 7 de octubre, el senador del Partido Verde Manuel Velasco lo perfiló públicamente como una opción presidencial para 2030, e incluso lo calificó como un proyecto ganador si mantiene su desempeño y popularidad. Al día siguiente, durante su comparecencia, el secretario aseguró que sus responsabilidades no le permiten mantener una agenda electoral paralela. La declaración es pertinente, pero no borra el hecho de que su nombre ya circula en la conversación sucesoria del oficialismo. Quien encabeza la estrategia nacional de seguridad debe demostrar que sus decisiones responden exclusivamente a la ley, sobre todo cuando pueden incidir en la tranquilidad de las campañas, la protección de candidatos y la respuesta del Estado ante amenazas criminales.
La promesa gubernamental debe pasar de las palabras a los hechos. El propio Gabinete de Seguridad ha informado sobre la detención de funcionarios presuntamente vinculados con actividades delictivas, una realidad que confirma la vulnerabilidad de las instituciones. Si el Gobierno pretende proteger las elecciones, tiene que explicar qué mecanismos verificables aplicará para detectar financiamiento ilícito, amenazas, imposición de candidaturas y presiones sobre autoridades locales; cómo garantizará la actuación independiente de las fiscalías y qué hará para que las investigaciones alcancen a cualquier partido, sin excepciones ni protección política. La coordinación anunciada por Harfuch es un comienzo, no una garantía consumada.
En una democracia, las elecciones no se blindan con fotografías, declaraciones ni promesas de seguridad, sino con investigaciones transparentes y rendición de cuentas. Morena y sus aliados no pueden pedir un cheque en blanco a la ciudadanía mientras las denuncias que involucran a figuras del ámbito político siguen exigiendo respuestas. Tampoco basta con que García Harfuch rechace tener una agenda rumbo a 2030: deberá acreditar que su desempeño al frente de la Secretaría de Seguridad está subordinado exclusivamente a la ley. La protección del voto es una obligación del Estado, no una concesión del Gobierno. La pregunta permanece intacta: ¿cómo puede garantizarse la limpieza de las urnas si antes no se limpia la casa?.